La violencia política en México ha alcanzado un nuevo punto crítico, sin tregua en su escalada. Este lunes, la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto, del partido Morena, fue asesinada en un acto brutal dentro del palacio municipal. A esto se suma el homicidio de Martha Laura Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, Michoacán, quien fue abatida junto a su esposo, mientras uno de sus hijos resultaba gravemente herido. Con estos asesinatos, se contabilizan siete muertes de figuras políticas y judiciales solo en junio, lo que, sumado a los cinco de mayo, eleva la cifra a 12 en apenas seis semanas, marcando un alarmante aumento en la violencia del año.
Desde octubre de 2024 hasta el 17 de junio de 2025, al menos 23 homicidios de políticos han sido documentados, abarcando alcaldes, regidores, jueces y precandidatos. Además, la consultora Integralia reportó 50 asesinatos en el primer trimestre del año, sin desglosar los detalles, cifra que contrasta con las declaraciones oficiales que sugieren una disminución en los homicidios dolosos.
La violencia no discrimina en su geografía ni en sus víctimas. En Guerrero, figuras prominentes como el alcalde de Chilpancingo y el magistrado Edmundo Román Pinzón han sido asesinados, mientras que en Michoacán, la inseguridad ha cobrado la vida de precandidatos y un alcalde. En Jalisco, la violencia también ha hecho eco con el asesinato de autoridades locales.
Los datos son desalentadores y ponen de manifiesto la amenaza que representa el crimen organizado en la construcción de la democracia local. La impunidad, que parece ser la norma, es evidente; salvo un par de arrestos, el sistema judicial no ha avanzado en la investigación de la mayoría de estos asesinatos, dejando un vacío en la búsqueda de justicia.
Ante esta situación devastadora, expertos han propuesto medidas urgentes: la creación de mapas de riesgo, la formación de fiscalías especializadas, y el establecimiento de protocolos de seguridad robustos. Sin embargo, el éxito de estas iniciativas depende de la firme voluntad política para investigar a fondo y perseguir a quienes perpetúan estos crímenes. De no tomarse acciones decisivas, el panorama se torna sombrío, y el futuro democrático de México podría verse comprometido irremediablemente.
Es vital que la sociedad mantenga el foco en la problemática de la violencia política y en la necesidad de transformar las condiciones que han llevado a esta crisis. La urgencia de actuar nunca ha sido tan clara, mientras el conteo de vidas perdidas continúa sumándose en un país donde ejercer un cargo público se ha vuelto sinónimo de riesgo.
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