En Tánger (Marruecos) nadie olvida aquel lunes negro, el 8 de febrero de 2021. Las lluvias torrenciales durante la madrugada inundaron las calles sin alcantarillar en el barrio Blanes II. El agua se coló con furia en el bajo de una vivienda residencial que escondía un taller de confección textil, y al menos 28 trabajadores –19 mujeres y 9 hombres–, entre los que se contaban algunos menores de edad, fallecieron ahogados. Solo diez empleados fueron rescatados con vida.
Se cumple un año de esta tragedia, en la que una madre perdió a cuatro de sus hijas. Las cinco mujeres habían emigrado desde la ciudad de Fez para trabajar en esta fábrica. Las chicas, entre las que había una de 17 años y otra a punto de casarse, se ahogaron mientras cosían en el subsuelo de la vivienda sin puertas de emergencia.
Detrás de cada una de las 28 víctimas hay un drama de precariedad. Nouhaila perdió a su hermana Fatima-Zohra, de 16 años. Ella salvó su vida. La joven se había despedido del taller cuatro meses antes del suceso. Cambió el sector textil por el del automóvil y comenzó a trabajar en una empresa de elaboración de piezas de coches. “Me pagan mejor la hora, tengo días libres y vacaciones”, admite. Cuando se enteró por las noticias de que el local se había inundado, sabía que no podía salvar a su hermana, y le anunció la desgracia a su madre. “En ese bajo, si entra agua, no hay salida. Tiene solo una puerta como de garaje; no hay ventanas, ni nada. Entras directamente al sótano, aunque hay un segundo piso y una escalera”, describe con pesar.
Las autoridades trasladaron el cuerpo de Fatima-Zhora directamente al hospital Mohamed V de Tánger. Allí la encontró su madre. “Una amiga que había trabajado con mis hijas me llamó para preguntarme si seguían empleadas en la empresa, porque el local estaba inundado, había muertos, y que tenía que ir al hospital Mohamed V”, relata entre sollozos en la sede de la asociación tangerina Attawassoul.
Nohaila abandonó los estudios al enterarse por una amiga que en ese taller buscaban costureras. Entró sin conocimientos. Hilvanaba las prendas. Más tarde habló con el propietario para que contratara a su hermana pequeña, Fatima-Zohra, que entonces solo tenía 14 años. “El dueño no quería, pero insistimos para llevar dinero a casa y ayudar a nuestra madre, enferma del corazón, con los especialistas y las medicinas”, confiesa. A su lado, ahora la progenitora se lamenta: “Empezó a trabajar porque tenía miedo por mí, que estoy enferma. Al final, ella murió y yo estoy todavía viva”.
Empezó a trabajar porque tenía miedo por mí, que estoy enferma. Al final, ella murió y yo estoy todavía viva
Madre de Fatima-Zohra, una de las víctimas
Rahma es una señora mayor que también se acercó a la asociación Attawassoul para contar cómo perdió a su hijo Ahmed y a su nuera, con quienes vivía en una aldea de Chauen. Se encuentra en tratamiento psiquiátrico desde que fallecieron. Se trastornó por no ver sus cuerpos. Las autoridades no permitieron abrir los féretros de las víctimas que tenían que ser trasladadas fuera de Tánger. Así fue como comenzó a ir al cementerio a dormir encima de la tumba.
El propietario y la empresa de agua, condenados
Casi no se puede transitar por la calle residencial del barrio tangerino de Blanes II donde ocurrió la tragedia. Las calles siguen abiertas por completo por las obras para canalizar el agua. Zanjas y agujeros infinitos en las aceras, rollos de hierros extendidos por las calles y máquinas excavadoras levantan el asfalto para introducir los tubos de canalización del agua por las alcantarillas y evitar un nuevo drama cuando arrecie la lluvia.
El gerente de la fábrica, Adil el Boullaili, y la compañía de agua y alcantarillado Amendis han sido condenados por homicidio involuntario y violación de las leyes vigentes, según publicaron los medios marroquíes. Además, Amendis, encargada de la gestión delegada de agua y electricidad en Tánger, tendrá que pagar daños y perjuicios a los herederos de las víctimas por valor de 200.000 dírhams, unos 20.000 euros.
La empresa A&M Confection se dedica “a la confección, tanto en Marruecos como en el extranjero, de todos los artículos textiles, géneros de punto y prendas de vestir para hombres, mujeres y niños” y cuenta con un capital social de cien mil dírhams (9.500 euros), según consta en el registro mercantil.
La investigación consideró que no se trataba de una planta textil clandestina porque, según los funcionarios regionales, la fábrica estaba inscrita en el registro, declarada a las autoridades fiscales y a la CNSS, el sistema de Seguridad Social marroquí. El sindicato de la Confederación Democrática del Trabajo (CDT) ha señalado al Estado, al Gobierno, a los empleadores y a las autoridades públicas como responsables por “hacer la vista gorda ante las violaciones a la legislación laboral” y, entre otras cosas, “por no garantizar condiciones de trabajo dignas o proteger la salud y seguridad de los empleados”.

Boullaili está lejos de ser un gran magnate del textil, era un antiguo trabajador del sector que decidió montar su propio negocio con antiguos compañeros e incluso familiares. “Empleaba desde hace muchos años a más de 150 obreros, en un sistema de rotación de equipos, sin ningún respeto por las medidas de higiene ni de seguridad. Nuestros hijos habían aceptado trabajar en estas condiciones inhumanas con el fin de proveer a sus familias necesitadas”, se recoge en el Llamamiento de las familias víctimas de la tragedia de Tánger, una carta a la que este periódico tuvo acceso.
Cuando ocurrió el suceso, Boullaili fue hospitalizado en una clínica privada en estado de shock y bajo vigilancia policial. Posteriormente, fue detenido e interrogado el 17 de febrero de 2021. El juicio, no obstante, se prolongó durante nueve meses por enfermedad del imputado y por varios aplazamientos de las audiencias, hasta que se determinó también la responsabilidad de la empresa Amendis.
Finalmente, el 9 de diciembre de 2021, el tribunal penal de primera instancia de Tánger condenó al gerente a un año y medio de prisión con una multa de mil dírhams, un poco menos de 100 euros, por “homicidio involuntario, violación del estado de emergencia sanitaria, apertura de un negocio sin autorización, empleo de menores y por no respetar las condiciones de salud y seguridad dentro de la empresa”.
Apartamentos para familias de las víctimas
Las familias afectadas han luchado para recibir apoyo psicológico, médico y económico. Además de organizar varias manifestaciones delante de la wilaya (prefectura) de Tánger, se dirigieron por carta, en dos ocasiones, al anterior jefe del Gobierno, Saadedín Otmani, e incluso a algunas marcas españolas para las que cosían, según ellas, a Mango e Inditex.
“Los familiares afectados vivimos en circunstancias precarias, luchamos por el deterioro de nuestra salud ante la ausencia de cualquier atención por parte del Estado, no encontramos el sustento diario para sobrevivir y mantener la dignidad, seremos desahuciados de nuestros hogares por la imposibilidad de pagar el alquiler hasta casos de indigencia y pobreza extrema”, se enumera en las misivas enviadas a las autoridades. Finalmente, en el mes de septiembre de 2021, el wali (gobernador civil) de Tánger, tras escuchar a los damnificados, constituyó la asociación Kheir (Hacer el bien, en castellano), que reúne ayudas para los damnificados, con la participación monetaria de patrones y marcas textiles, entre otros.

De esta manera, el mes pasado, cada heredero recibió un papel de la escritura de un apartamento. Pero aún esperan que, con motivo del primer aniversario, les entreguen las llaves de las viviendas. “Están muy contentos, porque había familias que estaban prácticamente en la calle. Es la primera vez que una tragedia de este estilo recibe un trato favorable en Marruecos”, se alegra Bouker el Khamil, presidente de la asociación Attawassoul. Pero, desde la entidad son conscientes de que la explotación en el sector textil continúa. “Estas compensaciones concretas no pueden tapar las violaciones que padecen los empleados de las empresas de confección”, opina.
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