La ingobernabilidad de Perú está alcanzando límites insospechados incluso para un país habituado a destituir a presidentes y ministros a las primeras de cambio. La gravedad de la situación se refleja en los despropósitos de la última semana y los cambios que ha tenido que asumir en su Gobierno el presidente, Pedro Castillo. La deslealtad política es una lacra en el país y tampoco el establishment ha dado facilidad alguna, pero los problemas de los últimos meses afectan a decisiones del propio Castillo y a la necesidad de dar respuesta casi semanal a un nuevo escándalo en su Gabinete. Tiene el récord histórico en 40 años de remodelación de un Gobierno y eso significa que en siete meses ha despedido a 21 ministros.
El último episodio acentúa la percepción de una crisis institucional grave. La pasada semana tuvo que cambiar de nuevo a su Gobierno porque la primera ministra, Mirtha Vásquez, abandonó el cargo acusando a Castillo de no combatir la corrupción dentro del sistema y dejarse llevar por sus colaboradores. Para sustituirla, Castillo nombró a Héctor Valer, un político ultraconservador sobre el que pesaban denuncias de maltrato de su esposa y su hija, además de otros casos judiciales abiertos, que han acabado con su cese tres días después del nombramiento y ante la evidencia de que el Congreso no iba a confirmarlo en el cargo. En medio de esta nueva tormenta, también se marchó del Gabinete la cabeza más sólida y pragmática, el ministro de Economía, Pedro Francke. Más allá, hay señales casi hilarantes, como el caso de Juan Carrasco, destituido como ministro de Interior y más tarde recolocado como titular de Defensa, pero que el pasado martes volvió a ser relevado. Mientras, otros grupos exigen el cese de la responsable del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la congresista Katy Ugarte, maestra de escuela ultraconservadora y que rechaza a la población LGTBI, pero militante de Perú Libre, la formación de ultraizquierda que preside Vladimir Cerrón, un ultraconservador que presume de ideas marxistas leninistas. Castillo ya tuvo que afrontar un juicio político forzado por el fujimorismo y solventó la traba buscando aliados en la oposición, pero es probable que enfrente algunos más en los próximos meses mientras sus rivales en el Congreso intentan reformar la Constitución para encontrar otras vías para destituirlo.
Con semejante velocidad en los relevos en el Gobierno no se dan las condiciones para propiciar un crecimiento económico sostenido después de una pandemia que ha sacudido al país como a pocos en América Latina. No le quedan muchas opciones al presidente Castillo, fuera de revertir la tendencia actual y buscar una estabilidad que hoy parece imposible. Más allá de las piedras que le han puesto en el camino, su forma de lidiar con las adversidades no ha dado muestras de eficacia ni de acierto en combatirlas.
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