El general en retiro del Ejército chileno Ricardo Martínez, que lideró la institución castrense hasta los primeros días de marzo, ha quedado bajo arresto luego de ser procesado por fraude al Fisco por el supuesto mal uso de dinero destinado a viajes institucionales. Con ello, cuatro de los seis sucesores de Augusto Pinochet en la comandancia en jefe del Ejército están inculpados por algún delito en la causa que investiga la Justicia.
La decisión de dejar a Martínez en prisión fue de la jueza Romy Rutherford, que investiga la trama de fraude en esta rama de las Fuerzas Armadas. Anoche, tras la notificación del procesamiento, Martínez fue trasladado hasta el Batallón de Policía Militar en Peñalolén.
Martínez ocupaba el mismo cargo que tuvo Pinochet entre 1973 y 1998. Cuatro de sus seis sucesores han sido inculpados por la misma causa que investiga Rutherford: Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014) y Humberto Oviedo (2014-2018) y, ahora, al propio Martínez. El general Izurieta, de hecho, estuvo detenido más de un mes, entre el 10 de febrero y el 17 de marzo, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, por unos ocho millones de dólares, y falsedad de documento militar. Le fue otorgada la libertad bajo fianza.
Martínez fue procesado por ocho hechos que constituyen fraude al Fisco por viajes en 2011, 2012 y 2016, uno de los cuales realizó con su esposa. La jueza ha determinado que fue el destinatario de reembolsos de los viajes por un monto de unos 56.000 dólares. Es la misma cifra por la que Rutherford determinó el embargo de algunos de sus bienes.
Cuando en marzo dejó anticipadamente el cargo, a días de entregar el mando a su sucesor, Javier Iturriaga, Martínez lo hizo empujado por el temor a que por primera vez un líder de la institución en ejercicio fuera procesado por la Justicia. Desde entonces, su defensa intentó por distintos caminos que fuera interrogado en su casa y ante la presencia de un abogado, lo que la Corte Suprema desechó. Hasta ahora, Martínez se ha amparado en su derecho a guardar silencio.
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La jueza ha detectado que, junto a una agencia de viajes, se preparaban itinerarios con escalas de varios días y presupuestos abultados. Esta diferencia de dinero habría terminado en algunas ocasiones en manos de los propios viajeros, como habría ocurrido al menos en ocho ocasiones en el caso de Martínez. En 2018, cuando apareció la arista de los pasajes aéreos, el Ejército declaró oficialmente que se trató de “prácticas erróneas”. Pero existen varios asuntos que complican al general retirado.
Martínez, por ejemplo, fue uno de los pocos uniformados que devolvieron el dinero con nombre y apellido cuando el Ejército habilitó una cuenta bancaria para ello, una vez que la causa había reventado y era indagada por la magistrada. No existe claridad, todavía, sobre la forma en que el caso impactará al nuevo comandante en jefe del Ejército, Iturriaga, no solo porque la propia institución ha reconocido que lo relativo a los pasajes era una práctica de cierta habitualidad, sino porque el general también aparece mencionado en los informes policiales.
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