En febrero de 2027, el Plan México celebrará dos años de existencia, con una ambiciosa meta: elevar la inversión hasta representar el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026. Sin embargo, el último informe del Banco de México, correspondiente al primer trimestre de este año, señala que este indicador se encuentra en 21.2%. Esto deja una brecha de 3.8 puntos porcentuales, que en términos monetarios equivale a aproximadamente 1.35 billones de pesos que deben sumarse a las inversiones realizadas en esos tres meses para siquiera acercarse a esa meta. Para lograrlo, se requeriría un crecimiento adicional del 17.9%, una tarea titánica que no parece estar en el horizonte.
La trayectoria de la inversión revela un patrón preocupante. El punto máximo se alcanzó en el cuarto trimestre de 2024, con una inversión que representó el 24.5% del PIB, impulsada por el gasto público en infraestructura de la administración anterior. Desde entonces, la caída ha sido constante. El primer trimestre de 2025 cerró en 22.7%, y la situación se deterioró aún más cuando en el primer trimestre de 2026, bajo la implementación del Plan México, se registró un mínimo del 22%. La inversión privada, que constituye un 84.6% del total, se contrajo un 5.6% en términos reales anuales entre el primer trimestre de 2025 y el primero de 2026, lo que plantea serias dudas sobre su capacidad para ser el motor del plan.
Aunque el gobierno ha presentado una narrativa prometedora —incluyendo mesas de coordinación y simplificación de trámites—, los datos no respaldan esta imagen optimista. La inversión está impulsada por las expectativas, las cuales dependen de la certidumbre institucional y la predictibilidad regulatoria. En este contexto, las reformas judiciales impulsadas han exacerbado la incertidumbre económica. La eliminación del sistema de carrera judicial y la elección popular de ministros y jueces han tendido a minar la independencia del poder judicial, un pilar fundamental para la confianza de los inversionistas.
El clima de incertidumbre generado por estos cambios ha encarecido el costo de los riesgos asociados, desincentivando la inversión. Los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, evalúan sus proyectos a largo plazo, y cuando el estado de derecho se vuelve impredecible, los proyectos que antes parecían viables dejan de serlo. Ningún plan sectorial, por más detallado que sea, puede contrarrestar este efecto.
A corto plazo, las perspectivas no son alentadoras. Algunos indicadores de actividad industrial apuntan a una leve recuperación en abril, pero otras señales sugieren una nueva desaceleración en mayo. Si esta tendencia se confirma en los datos del segundo trimestre, la meta del 25% se tornará no solo difícil de alcanzar, sino estadísticamente imposible sin un cambio de políticas que actualmente no parece estar en discusión.
Para que cualquier política de inversión sea efectiva en México, es esencial que el gobierno reconozca el impacto negativo de la reforma judicial en la economía. Aunque no es el único factor en juego, ha generado una incertidumbre significativa desde su aprobación. Mientras esta realidad no sea admitida abiertamente por la administración, el Plan México no será más que un inventario de metas incumplidas, incapaz de atraer la inversión necesaria para impulsar un crecimiento sostenido.
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