Elena Touloupaki es desde hace años la fiscal más conocida de Grecia. Nacida hace 56 años en Creta, fue jefa de la Fiscalía anticorrupción hasta que el nuevo Gobierno griego se encargó de modificar esa estructura. Varias instituciones europeas habían reconocido su labor pionera en la persecución de delitos racistas. Desde anticorrupción, mientras Grecia sufría los rigores de la austeridad de la crisis económica, ella se centró en perseguir la evasión de impuestos. A su juicio, la corrupción tenía mucho que ver con que Grecia estuviera en esa situación. De esa época son la lista Falciani, la lista Borgians, los papeles de Panamá y otros importantes casos de corrupción que pasaron por sus manos. También el caso que ahora ha puesto en riesgo su carrera en plena pandemia: el escándalo de Novartis.
En 2016, dos altos ejecutivos de Novartis viajaron desde Grecia hasta Estados Unidos para declarar como testigos protegidos. Reconocieron que la multinacional farmacéutica llevaba una década sobornando a miles de médicos para que recetaran sus medicamentos frente a alternativas más baratas. El FBI envió los testimonios a Grecia y, con la coalición de izquierdas Syriza aún en el Gobierno, la investigación condujo a la imputación de dos ex primeros ministros y ocho ministros de los ejecutivos anteriores, del conservador Nueva Democracia (ND) y del histórico Pasok. Sin embargo, el triunfo en las elecciones de 2019 por mayoría absoluta de los conservadores de ND supuso un vuelco también en el sentido de las acusaciones: actualmente, los únicos imputados por el caso Novartis son tres fiscales y cinco periodistas que publicaron datos sobre los sobornos. De entre ellos sobresale Eleni Touloupaki.
En Estados Unidos le impusieron a Novartis una multa de 678 millones de dólares para cerrar el caso. En Grecia, el miércoles 2 de marzo, será ella, la fiscal, la que declare como investigada. “La experiencia que estoy viviendo como consecuencia de la apertura del proceso contra mí por parte de un sistema político-económico estructurado y poderoso, deja en evidencia la debilidad de una persona frente a un sistema que se mueve sin normas ni reglas, solo por conveniencia”, relata a Columna Digital. Pero sabe verle el lado positivo. Cree que, aunque sea dolorosa, una experiencia así enriquece a los operadores jurídicos y les facilita la empatía con quienes padecen la administración de justicia sin entenderla.
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Kostas Vaxevanis, director del diario Documento y uno de los cinco periodistas imputados, cree que aunque en muchos países se ponen trabas a quienes persiguen la corrupción, el grado extremo con el que se está haciendo en Grecia es único. Nadie podía imaginar hasta hace poco que tres fiscales anticorrupción podrían ser acusados simplemente por investigar un caso de corrupción. El abogado que defiende a Touloupaki, Vassilis Chirdaris, sostiene que la fiscal es un símbolo, y que lo que está en peligro es la independencia misma de las instituciones. Aunque la causa supera ya los 300.000 folios, para Chirdaris trabajar con ella en la preparación de la defensa está resultando sencillo. Es una jurista muy sólida, dice, que analiza cada detalle.
Eleni Touloupaki es la primera jurista de su familia. Su padre trabajó en una empresa de autobuses de largo recorrido. Describe a sus padres como personas comunes y corrientes con grandes valores, que le influyeron para dedicarse a hacer justicia. Como a su hermano, dice, que es cirujano y trabaja “al servicio del sufrimiento humano”. Sostiene que no es casualidad que se le procese por un caso relacionado con el acceso a la salud pública. Según dice, su firme convicción ética es la que le guía en todo momento y se siente apoyada por su familia y sus amigos.
En su tiempo libre, la fiscal escribe poesía y actúa en una compañía de teatro clásico, con la que ha protagonizado, entre otras, Las euménides de Esquilo. El recurso fácil sería compararla con la heroína de una tragedia griega, pero a ella no le gustaría el símil porque sostiene que la administración de justicia no puede, ni debe, ser una cuestión de heroísmo. Del mismo modo, niega categóricamente que su lucha sea política, a pesar de que quien impulsó su acusación fue el Gobierno, utilizando el Parlamento, es decir, destrozando la noción misma de separación de poderes. Ella se ve como una simple funcionaria judicial y defiende que su lucha no es partidista, sino institucional. Alega que nunca entró en el juego político y solo plantea cuestiones relativas al Estado de derecho. Lo haría gobierne quien gobierne con la misma convicción. Su letrado, Chirdaris, también insiste en que ella no es una activista, sino solo una fiscal que hacía su trabajo.
Aunque su procesamiento como acusada puede significar el fin de su carrera, no se arrepiente de nada. “Intentamos identificar y llevar ante la justicia aquellas prácticas del sector sanitario que costaron vidas o provocaron la discapacidad de personas que no tenían acceso a los medicamentos por culpa de los sobreprecios. Si mi compromiso con estos objetivos supone el fin de mi carrera, francamente, prefiero eso a la aquiescencia tácita con la injusticia”.
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