Escuelas privadas desisten propuesta por comisiones.

Las escuelas particulares de México están en pie de guerra frente a una propuesta de la Asociación de Bancos de México (ABM) que podría transformar drásticamente su estructura de costos. A partir de octubre, las instituciones educativas con una facturación anual superior a 3.5 millones de pesos enfrentarían una nueva carga: el pago de comisiones por las operaciones realizadas con tarjeta, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera de muchas de ellas.

La Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP) ha expresado su rechazo a esta medida, advirtiendo que, si se aprobara, podría traducirse en un incremento de las colegiaturas para las familias. Un ejemplo claro es el de una escuela con aproximadamente 300 alumnos y una colegiatura mensual de 3,000 pesos, que podría ver sus costos aumentar en hasta 100,000 pesos anuales. Este impacto no solo afectaría a las instituciones, sino que también podría condicionar a cerca de 2.5 millones de hogares que ya destinan entre el 13% y el 21% de su gasto total a la educación privada.

La preocupación es palpable: más de 29,000 escuelas de educación básica se verían inmersas en una crisis financiera mayor, especialmente considerando que desde 2018 hasta 2024, se han cerrado 4,217 escuelas privadas, lo que representa una disminución del 9% del total en el país. Esta tendencia preocupante sugiere que las pequeñas y medianas instituciones educativas enfrentan presiones económicas considerables y que la propuesta de la ABM podría ser la gota que colme el vaso.

Ana Luisa Domínguez Gasca, presidenta de la CNEP, ha instado a la ABM a rectificar esta medida y abrir un canal de diálogo con el sector educativo, enfatizando la importancia de priorizar el derecho a la educación sobre las preocupaciones financieras. Esta solicitud de comunicación parece crucial en un contexto donde la eliminación de la tasa de intercambio del 0%, vigente para el sector educativo desde la pandemia, podría significar un cambio drástico y perjudicial.

La ABM, que había impuesto condiciones específicas para incentivar los pagos digitales en sectores críticos como la educación y la salud, ahora contempla alinearse con un sistema de tarifas aplicables a otros segmentos educativos, como la educación media superior y superior. Este cambio, que debe considerarse cuidadosamente, podría tener efectos colaterales graves, afectando tanto a la calidad de la educación como a la estabilidad financiera de las familias mexicanas.

La discusión sobre este tema es vital y necesita una atención inmediata, dado que el futuro de la educación privada en México podría depender de las decisiones que se tomen en los próximos meses.

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