Este lunes, El Tribunal Constitucional inicia un semestre que marcará su historia, tanto por los asuntos que tiene pendientes de resolución como por las condiciones en que se dispone a afrontarlos.
El orden concreto en que los magistrados abordarán los distintos recursos presentados está todavía pendiente de elaboración, pero deberá incluir algunas de las reformas más importantes que el Gobierno ha impulsado en esta legislatura, desde la ley Celaá, en materia educativa, hasta la ley de eutanasia, pasando por la norma que impide al Consejo del Poder Judicial efectuar nombramientos estando en funciones (han pasado más de 1.000 días desde que caducó su mandato y la renovación permanece bloqueada), a las que podría añadirse la ley del aborto, pendiente de fallarse desde hace más de 11 años.
Para enjuiciar estas leyes y responder así a los recursos presentados por el Partido Popular y Vox, el tribunal de garantías cuenta con una mayoría conservadora que hasta ahora ha sido más proclive a hacer valer sus criterios que a negociar.
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El ejemplo más palmario fueron los fallos que tumbaron aspectos esenciales de los dos estados de alarma acordados por el Ejecutivo para hacer frente a la pandemia del coronavirus. A estas sentencias se sumó la que consideró ilegal el parón de la actividad del Congreso al inicio de la emergencia sanitaria. Todas estas decisiones provocaron fuertes tensiones y divisiones en el Tribunal Constitucional. El primero se aprobó por seis votos a cinco y los otros dos, por seis a cuatro.
Tras estas experiencias, el semestre que empieza va a poner a prueba la presunta voluntad de pacto anunciada por la mayoría conservadora, muy cohesionada en torno a Pedro González-Trevijano como presidente. El primer gesto en esa dirección fue el ofrecimiento hecho al magistrado de la minoría progresista Juan Antonio Xiol para que ocupara la vicepresidencia del tribunal.
Como resultado de esa operación, tanto Trevijano como Xiol fueron elegidos por 11 votos; es decir, por unanimidad, ya que estaba de baja por enfermedad el duodécimo miembro del pleno, el magistrado Alfredo Montoya, para cuya reincorporación aún no hay fecha prevista.
La aceptación de la propuesta de abrir una nueva etapa fue una apuesta más que un acto de fe por parte del minoritario sector progresista del alto tribunal Este bloque, y en paralelo el Gobierno de coalición, está a la espera de hechos que desmientan la sospecha de que la mayoría conservadora tratará de seguir cortocircuitando las reformas del Ejecutivo, en un contexto de incertidumbre sobre el futuro del propio Constitucional a medio plazo.
La siguiente renovación del tribunal debe llevarse a cabo en junio próximo. Para que pueda realizarse sin nuevas controversias es preciso que el Consejo General del Poder Judicial pueda nombrar a los dos magistrados que le corresponden, lo que ahora no podría hacer por la reforma legal que limitó sus competencias mientras siga en funciones con el mandato caducado.
Renovación bloqueada
La Constitución exige que las renovaciones se hagan por tercios. Por tanto, si el Poder Judicial no puede nombrar a los dos magistrados que le tocan, podría argüirse que el Gobierno —que en junio debe proponer a otros dos— tampoco puede hacerlo.
En el propio Tribunal Constitucional no existe seguridad sobre lo que pueda ocurrir dentro de seis meses, ni sobre cuál fue el propósito del Partido Popular al facilitar la renovación en noviembre pasado, realizada con más de dos años de retraso.
La duda, en suma, es si el objetivo de los populares fue facilitar acuerdos y cumplir las previsiones legales, o más bien forzar la salida del anterior presidente, Juan José González Rivas, y del magistrado Andrés Ollero. Ambos fueron propuestos en su día por los populares, pero se habían opuesto a la anulación del confinamiento acordado durante el primer estado de alarma.
Precisamente, el ponente de esa sentencia fue Trevijano, cuyo mandato como presidente se prolongaría —y con él la actual mayoría conservadora— si en junio encalla la renovación del Tribunal Constitucional prevista para esas fechas.
En definitiva, sobre el tablero se amontonan las piezas pendientes de las decisiones del Gobierno y del PP —en forma de leyes para unos, y de recursos para otros—, a sabiendas de que la situación no es de igualdad de armas —porque hay una mayoría conservadora clara—, y de que este tipo de partidas no acaba nunca en tablas.
Una primera prueba de fuego sobre la voluntad de diálogo del sector mayoritario puede llegar con las sentencias sobre los recursos del PP y Vox contra la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación) o ley Celaá. Los magistrados han hecho llegar al primer ponente, el magistrado conservador Ricardo Enríquez, propuestas de cambio de su proyecto inicial de sentencia.
Algunas de ellas ponen objeciones al borrador de fallo porque proponía declarar inconstitucional la posibilidad de negar subvenciones a los centros que segreguen por sexos. La pregunta es si la sentencia mantendrá este pronunciamiento, y qué propondrá respecto al tratamiento de las lenguas cooficiales en el sistema educativo, dos de los puntos básicos —junto a la regulación de la escuela concertada— en los recursos de Vox y el PP. De la segunda de estas impugnaciones es ponente el magistrado Antonio Narváez, también del sector conservador.
Poder Judicial en funciones
Lo que suceda con esta ley, o con la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, dos medidas clave en la presente legislatura, marcará los pasos que dé el Gobierno como respuesta. Si empiezan a caer estas piezas, la minoría progresista puede replicar no solo con la presentación de votos particulares en contra, de valor puramente testimonial. La anunciada pax romana en el tribunal de garantías puede dar paso a otro período de enfrentamientos y a situaciones teóricamente contradictorias.
Podría resultar paradójico que sean sentencias de magistrados progresistas las que intenten tumbar una reforma impulsada por el Gobierno para tratar de facilitar la renovación del Poder Judicial, bloqueada desde hace más de tres años. Pero la ganancia que se derivaría de esta operación para el Ejecutivo sería la de abrir camino a un Constitucional con mayoría progresista.
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