España ha iniciado el proceso para retirarse del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), según ha anunciado la vicepresidenta Teresa Ribera en declaraciones al diario Politico y confirman fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. El paso se da tras cuatro años de negociaciones para renovar este tratado de los años noventa que protege las inversiones de las compañías energéticas frente a los cambios regulatorios de los países firmantes. Varios grupos ecologistas han acogido este anuncio como una victoria en la lucha contra el cambio climático, ya que interpretan que el fin de este acuerdo ayudará a las naciones a desengancharse de los combustibles fósiles, principales responsables del cambio climático. Estas son las claves de este tratado y sus posibles consecuencias.
¿Qué es el Tratado de la Carta de la Energía?
Este acuerdo, del que forman parte una cincuentena de países, fue impulsado en su día desde la Europa occidental y se firmó en 1994, ya tras la caída del Telón de Acero. Su objetivo era incentivar las inversiones energéticas en los antiguos países de la Unión Soviética. Como otros tratados internacionales de carácter sectorial, el TCE tiene un mecanismo de resolución de disputas entre inversores extranjeros y Estados. De hecho, el tratado es uno de los argumentos que esgrimen las compañías multinacionales en los tribunales de arbitraje cuando consideran que un país ha dañado sus intereses con alguna medida regulatoria en el sector energético.
¿Por qué afecta a la lucha contra el cambio climático mundial?
“En el tratado, las energías fósiles están altamente protegidas”, detalla Marta García Pallarés, de Ecologistas en Acción. Esta ecologista se queja de que el acuerdo dificulta la transición hacia las energías limpias en una “década absolutamente crítica” porque las grandes compañías de combustibles fósiles pueden utilizarlo para frenar las políticas de transición energética.
Cornelia Maarfield, experta en políticas de Comercio de CAN Europa (una coalición de 170 organizaciones centrada en la lucha contra el cambio climático), añade: “Tenemos que dejar el carbón, el gas fósil y el petróleo. Sin embargo, casi cualquier acción que emprenda un país y que limite los beneficios de las empresas de combustibles fósiles puede ser cuestionada bajo este tratado. Los inversores pueden pedir compensaciones de millones e incluso de miles de millones de euros. Esto hace que la transición energética sea mucho más cara, algo que puede desincentivar que los Gobiernos tomen las decisiones necesarias para frenar el cambio climático”.
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Ambas expertas recuerdan que en su última revisión de la ciencia sobre el cambio climático el IPCC —el panel de expertos internacionales vinculado a la ONU— advertía: “Las reglas comerciales tienen el potencial de estimular la adopción internacional de tecnologías y políticas de mitigación, pero también pueden limitar la capacidad de los países para adoptar políticas climáticas relacionadas con el comercio”, en referencia a acuerdos como el Tratado de la Carta de la Energía.
¿Por qué abandona España el tratado?
Durante los últimos cuatro años, en 14 rondas de negociaciones, los firmantes han discutido la modernización de este tratado. El resultado final no convence a España y a otros países porque, según alertó Ribera en junio, “no logrará garantizar la alineación” de este tratado “con el Acuerdo de París y los objetivos del Pacto Verde Europeo” al considerar que sigue blindando los intereses de los combustibles fósiles. “En un momento en que acelerar una transición hacia la energía limpia se ha vuelto más urgente que nunca, es hora de que la UE y sus estados miembros inicien una retirada coordinada del TCE”, dijo entonces. Aunque varios países europeos se han mostrado críticos con el tratado, como Francia, Alemania, Países Bajos o Bélgica, esa retirada coordinada, de momento, no se ha producido.
El Gobierno polaco también está tramitando ahora una ley en su Parlamento para abandonar el tratado, aunque en su caso esgrime más razones de soberanía que de impulso a la lucha contra el cambio climático, en la que el Ejecutivo de este país no suele estar entre los países europeos más comprometidos.
¿Sólo afecta a los combustibles fósiles?
No. También hace referencia a la energía nuclear y el tratado ha sido utilizado por multitud de fondos de inversiones extranjeros para demandar a España por el recorte de las primas a las renovables desde hace una década. Estos fondos piden a España alrededor de 10.000 millones de euros y el principal instrumento que utilizan es la Carta de la Energía. España es Columna Digital al que más demandas le han presentado en la última década, con 51. De momento, los inversores han ganado 21 en los tribunales de arbitraje (aunque de momento España no ha pagado y argumenta que una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE le permite no hacerlo).
La Ley de Cambio Climático española establece, entre otros asuntos, un veto a los nuevos proyectos de extracción de combustibles fósiles y de uranio, que se emplea para producir energía en las centrales nucleares. Esta ley, de mayo de 2021, también contempla la prohibición de la utilización de la fracturación hidráulica o fracking. En el caso de los combustibles radiactivos, un grupo de inversores de la empresa Berkeley ya ha amenazado con recurrir contra el Gobierno si se bloqueaba el proyecto de la mina de uranio de Retortillo (Salamanca), como finalmente ha ocurrido.
¿Qué efectos tiene salir del tratado?
“Salir del tratado no es difícil, los países sólo tienen que emitir una notificación por escrito”, apunta Maarfield. El problema es que el acuerdo incluye una cláusula de supervivencia —”cláusula zombi”, la llaman García Pallarés y los ecologistas— que permite a los inversores seguir demandando a un país que deje el acuerdo durante los 20 años posteriores por las acciones que haya tomado antes de su abandono. Además, explica García Pallarés, los inversores de la nación que deja el pacto no podrían usar el TCE para pleitear contra otro país. Aunque ya emplean estrategias para saltarse limitaciones similares. Por ejemplo, Abengoa empleó a una filial luxemburguesa para demandar a España por el recorte de las renovables.
Italia se salió del TCE en 2016 y sabe ya de las implicaciones de la cláusula de supervivencia. El Ciadi, un órgano de arbitraje ligado al Banco Mundial, condenó a Italia en agosto a pagar una multa de 190 millones de euros a la empresa británica de combustibles Rockhopper Explorations por el veto que este país aprobó en 2015 para las nuevos proyectos de petróleo y gas dentro de las 12 primeras millas náuticas de costa. La compensación es significativamente mayor que la inversión inicial del proyecto (unos 30 millones) porque el tratado permite a las empresas demandar por la pérdida de ganancias futuras, no solo por lo gastado.
¿Puede haber una salida en cadena del tratado?
Maarfield, de CAN Europa, apunta a que la mayoría de firmantes de este tratado consideran que “está desfasado”, pero los esfuerzos para reformarlo han fracasado. A finales de este mes, está previsto que los miembros de la UE se pronuncien sobre si aceptan los cambios que se pretenden introducir para modernizarlo, que no parecen contentar a muchos estados, como Francia y Alemania, que “ya han expresado su descontento con los resultados de la reforma”, apunta Maarfield. Además, “el Parlamento Holandés está exigiendo a su gobierno que apoye una salida coordinada de la UE, y muchos otros países simplemente no han tomado aún una decisión”, añade esta experta que lleva años siguiendo las negociaciones sobre el TCE.
“Esperamos que los anuncios recientes de Polonia y España creen un efecto dominó”, añade, y que se produzca “una salida coordinada” de la UE. Tanto Maarfield como García Pallarés, sostienen que una retirada conjunta de los países europeos, como quiere España, podría diluir la cláusula de supervivencia, ya que podrían cerrar entre ellos un acuerdo para que no se aplicara. “Por ese motivo, una retirada conjunta del mayor número de países posible sería lo mejor para reducir el riesgo de pleitos en el futuro”, añade Maarfield.
¿Puede ser un desincentivo para las inversiones verdes?
Los defensores del tratado, sin embargo, argumentan que también protege a las inversiones en renovables, como es el caso de los laudos contra España por el recorte en las primas operado por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy a principios de la década pasada. “Acuerdos como el TEC no facilitan las nuevas inversiones, se cerraron para proteger inversiones existentes”, contraargumenta Maarfield.
Este tipo de pactos se diseñan para proteger las inversiones y que los fondos se sientan más seguros a la hora de apoyar algún proyecto. España vive desde hace años una avalancha de peticiones para la instalación de parques eólicos y solares y se está situando a la cabeza europea en la instalación de nuevas fuentes renovables. “En lo que respecta a inversiones en renovables, es evidente que los inversores consideran mucho más importantes otros factores relacionados con las políticas y marcos regulatorios de un país, más que en estos acuerdos para la protección de inversiones”, añade la experta de la CAN. “Brasil, por ejemplo, es uno de los destinos más populares para inversiones en renovables, y nunca se unió a acuerdos como este”, concluye.
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