España ha pedido a la justicia europea que rechace la petición de Carles Puigdemont de que se le devuelva la inmunidad como europarlamentario de forma cautelar. La Abogacía del Estado presentó el pasado viernes su escrito de alegaciones ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) sobre la solicitud formulada por el expresidente catalán el pasado 1 de octubre, tras ser detenido en Cerdeña. Según fuentes jurídicas, España ha argumentado que los “nuevos hechos” en los que se ampara Puigdemont para reclamar la inmunidad (su arresto en Italia) no demuestra que concurran el requisito de urgencia necesario para otorgar una medida cautelar porque no se le ha impedido el ejercicio de sus funciones como miembro del parlamento Europeo.
Puigdemont ha reclamado al TGUE
Exige que le devuelva la inmunidad cautelar que el mismo tribunal le arrebató el 30 de julio al entender que no había riesgo de que el eurodiputado fuera detenido. La justicia europea basó esta conclusión en el escrito de alegaciones presentado entonces por la Abogacía del Estado. “Nada permite suponer que las autoridades judiciales belgas o las autoridades de otro Estado miembro puedan ejecutar las órdenes de detención europeas emitidas contra los demandantes y puedan entregarlos a las autoridades españolas”, señalaron los servicios jurídicos del Gobierno. Pero la orden europea de detención tramitada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena estaba activa y el expresident fue detenido el 23 de septiembre nada más aterrizar en Cerdeña.
El suspenso que ha dejado Italia
Tras tomarle declaración, Italia dejó en suspenso el procedimiento de entrega a España a la espera de que la justicia europea se pronuncie definitivamente sobre la inmunidad del europarlamentario y sobre una cuestión prejudicial planteada por el juez Llarena respecto a la euroorden que tramita Bélgica. La defensa del exdirigente catalán considera, no obstante, que tras lo ocurrido en Cerdeña ya no hay garantías para que Puigdemont pueda viajar sin riesgo a ser arrestado de nuevo, por lo que ha pedido que se le devuelva la inmunidad mientras el TGUE resuelve el recurso presentado por el expresidente catalán contra la decisión del Parlamento europeo de levantarle esa protección.
La Abogacía del Estado, sin embargo, considera que la detención en Italia no ha afectado a las funciones de Puigdemont como eurodiputado ni ve riesgo de que esto pueda ocurrir porque el expresident sí conserva la inmunidad para acudir a los plenos del Parlamento Europeo, con sede en Estrasburgo (Francia). Ahora será el Tribunal General de la UE el que tenga que decidir si devuelve cautelarmente a Puigdemont la protección de la que gozan todos los europarlamentarios o si, por el contrario, se la mantiene retirada hasta que decida sobre su recurso.
