Un movimiento precisamente, en sentido contrario al que se llevó a cabo en la última gran reforma del modelo de financiación autonómica de 2009, en la que se dio capacidad normativa a todas las comunidades de régimen común, así como una participación en una parte de la recaudación a través de los tributos estatales, mediante la denominada “cesta de impuestos”.
De esta manera vuelve a ponerse encima de la mesa unos de los aspectos más controvertidos del proceso de descentralización política y diferenciación en las competencias presupuestarias entre las distintas comunidades.
Precisamente, como consecuencia de la controversia surgida entre las comunidades, principalmente Madrid y Cataluña, y las críticas acerca de si el gobierno madrileño estaba compitiendo deslealmente ofreciendo “dumping fiscal”, surge en este debate el concepto de presión y sacrificio fiscal soportado por los residentes en las distintas Comunidades Autónomas.
Este trabajo pone de manifiesto que una vez ajustados los ingresos (correspondientes a 2018) mediante el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF) las diferencias entre ambas regiones no ofrecen resultados muy diferentes respecto a las obligaciones tributarias que tienen que hacer frente los contribuyentes de cada una de ellas.
El Fondo de Garantía es el principal mecanismo de nivelación
Según un estudio al que ha tenido acceso este diario, este fondo, es el principal mecanismo de nivelación del sistema de financiación, cuya cuantía se distribuye entre las comunidades de régimen común en función de la población ajustada, variable utilizada como indicador de las necesidades de gasto en los servicios públicos esenciales, como son la educación, sanidad y servicios sociales.
Los resultados de este estudio, elaborado por los catedráticos José Félix Sanz de la Universidad Complutense, Santiago Álvarez de la Universidad de Oviedo y Desiderio Romero de la Rey Juan Carlos, “Los impuestos en España: índices de presión y sacrificio fiscal territorializados”, ofrece los niveles de presión fiscal regionalizada, una variable pocas o ninguna vez utilizada, ya que siempre se ha utilizado la variable nacional, comparada con el resto de países de nuestro entorno. Una vez que se ha procedido al ajuste por el Fondo de Garantía, Madrid es la región con un mayor incremento (el 5,46%) de su presión fiscal hasta el 33,78%. A continuación, se sitúa Baleares con un aumento del 3,21% hasta el 38,34%, la comunidad que lidera el ranking. Mientras, Cataluña eleva su presión el 1,98% hasta el 34,08%.
Estas cifras lo que ponen de relieve es como aquellas comunidades más solidarias con el resto son las que experimentan un mayor incremento de su presión fiscal, mientras que las de menor nivel de renta son aquellas que ven reducir sensiblemente su presión recaudatoria.
Este es el caso de Extremadura o Canarias que tras la recepción del Fondo de Garantía ven como se reduce su presión fiscal en un 13,93% y 22,39% respectivamente hasta niveles del 27,45% y 21,44%, los más bajos del conjunto nacional.
Aquellas comunidades que aportan recursos netos al sistema, el fondo viene a representar una carga fiscal para sus residentes, ya que pagan unos impuestos que son transferidos posteriormente de manera automática e inmediata, a las comunidades beneficiarias.
Por el contrario, para los residentes de regiones receptoras del Fondo de Garantía, supone una minoración de su factura fiscal en relación a los impuestos que hubiesen tenido que pagar para que su comunidad hubiese obtenido la misma recaudación en ausencia del mecanismo nivelador.
Este fondo supone un incremento de la presión fiscal soportada por todos los contribuyentes de la comunidades aportantes y por el contrario una reducción de la presión fiscal de los contribuyentes de las comunidades beneficiarias del mismo. Las haciendas forales de Navarra y País Vasco no se ven afectadas por el modelo.
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