El Gobierno de España ha remitido al Consejo de Estado una versión modificada del real decreto que regula la instalación de nuevos centros de datos (CPD), tras analizar más de 600 alegaciones y el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)1, 2.
La nueva propuesta suaviza varios requisitos clave respecto al borrador original, especialmente en materia de consumo energético renovable, plazos y condiciones para proyectos de gran tamaño, y flexibiliza el régimen transitorio para facilitar la adaptación del sector1, 2.
Principales cambios en la regulación
El nuevo texto del real decreto eleva el umbral de aplicación de la norma: ahora solo afecta a centros de datos con una potencia de acceso igual o superior a 10 MW, en lugar del límite anterior de 1 MW1, 2. Esta modificación excluye a los proyectos pequeños y medianos, centrándose en instalaciones de gran capacidad financiera y mayor impacto energético.
Además, se reduce la duración mínima de los contratos de suministro de energía renovable (PPA) de 10 a 6 años y se incorporan explícitamente las instalaciones de almacenamiento, como baterías, permitiendo aprovechar la producción solar durante el día para su uso nocturno1.
La antigüedad máxima de las instalaciones de generación renovable asociadas al centro de datos se amplía de 18 a 36 meses, y hasta 60 meses para proyectos estratégicos europeos vinculados a la soberanía digital1, 2.
Régimen transitorio y flexibilidad para el sector
El Gobierno introduce un régimen transitorio de cinco años, hasta 2031, para que los nuevos centros de datos puedan adaptarse progresivamente a las exigencias de consumo renovable1, 2.
Durante este periodo, los proyectos deberán cubrir con energía renovable el 60% de su consumo en horas punta hasta el 31 de diciembre de 2028, y el 70% en horas punta y llano entre 2029 y 2031. Al finalizar el régimen transitorio, se exigirá el cumplimiento general del 80% en cada hora de funcionamiento1, 2.
Los centros de datos que se acojan a este régimen deberán participar en el Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP), lo que implica que podrán ser desconectados de la red en caso de necesidad, sin compensación económica, y serán los primeros en recibir la señal de activación en caso de contingencia1, 2.
Eficiencia energética y requisitos medioambientales
No se relajan los requisitos medioambientales: los centros de datos deberán cumplir con los niveles de etiquetado europeo sobre consumo de agua (WUE) y eficiencia energética (PUE)1.
El Ministerio para la Transición Ecológica establecerá una metodología para exigir la tecnología más eficiente según la zona climática, con el objetivo de minimizar el consumo de agua en todos los casos1.
En cuanto a la protección de datos, se mantiene la exigencia de que los datos de los ciudadanos permanezcan en la Unión Europea y se controle el acceso de terceros, aunque se exceptúan los metadatos y datos de telemetría, como había solicitado el sector1.
Sanciones y control
El incumplimiento de estos requisitos podrá ser sancionado, aunque la severidad de las sanciones se ha relajado respecto a la versión inicial del decreto1.
Los incumplimientos reiterados pueden llevar a la pérdida del derecho de acceso a la red eléctrica para los centros de datos afectados1.
Por qué importa en España
La modificación de la normativa sobre centros de datos tiene un impacto directo en el desarrollo tecnológico y la economía digital en España, ya que facilita la inversión y la instalación de infraestructuras clave para empresas tecnológicas y de telecomunicaciones1, 2.
Al mismo tiempo, el Gobierno busca evitar efectos negativos en el consumo eléctrico y la competencia por recursos hídricos, preocupaciones relevantes para consumidores y autoridades ante el crecimiento de este tipo de instalaciones en el país1.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los nuevos requisitos para instalar centros de datos en España?
Solo los centros de datos con potencia igual o superior a 10 MW están sujetos a la norma; deben consumir mayoritariamente energía renovable, justificar nueva generación eléctrica para el 80% de su consumo en cada hora tras el periodo transitorio, y cumplir con requisitos de eficiencia energética y consumo de agua1, 2.
¿Cómo afecta la regulación de centros de datos al consumo eléctrico y a la factura de los consumidores?
El Gobierno busca que el despliegue de centros de datos no tenga efectos negativos en la factura eléctrica de los consumidores, exigiendo el uso de energía renovable y la participación en mecanismos de reducción de demanda para evitar picos de consumo1.
¿Qué cambios hizo el Gobierno tras las alegaciones de las empresas?
Elevó el umbral de aplicación a 10 MW, redujo la duración mínima de los PPA, amplió los plazos para la antigüedad de las instalaciones renovables, introdujo un régimen transitorio de cinco años y flexibilizó las condiciones de cumplimiento progresivo1, 2.
¿Qué impacto tiene esta normativa en la competencia por recursos hídricos?
No se relajan los requisitos medioambientales: los centros de datos deben cumplir con los niveles de etiquetado europeo sobre consumo de agua, y el Ministerio establecerá metodologías para garantizar el mínimo consumo posible según la zona climática1.
Fuentes
Texto elaborado por la Redacción de Columna Digital. Para ofrecer una visión equilibrada, contrastamos la información de estas otras fuentes:
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Datos basados en información reportada originalmente por La Vanguardia.
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