Las esperanzas de hallar más sobrevivientes del devastador terremoto que sacudió el oeste de Colombia esta semana se desvanecen. Los equipos de rescate han comenzado a limitar sus operaciones, agotadas las posibilidades de encontrar personas con vida mientras se intensifica la angustia de las familias que esperan noticias de sus seres queridos desaparecidos.
En la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca, los rescatistas han indicado que la mayoría de las búsquedas se está focalizando ahora en la remoción de escombros, tras las fundamentales 72 horas después del sismo. Este terremoto, de magnitud 7.4, causó el colapso de bloques de apartamentos y causó daños estructurales en viviendas, escuelas y hospitales, llevando a los residentes a abandonar rápidamente sus hogares en varias ciudades del suroeste y centro del país.
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, David Santiago Tamayo, reportó hasta 273 muertes y 377 desaparecidos, mientras las cifras de heridos alcanzan los 3,826. En la ciudad de Pereira, que también fue gravemente afectada, la tragedia se hace palpable. Enrique Marín, quien viajó más de 10 horas desde Bogotá para buscar a su madre atrapada, expresó su dolor tras la pérdida, afirmando que a pesar de ser rescatada con vida, falleció en el camino al hospital.
Desde el Servicio Geológico Colombiano, se ha señalado que se han registrado 160 réplicas tras el sismo principal, lo que aumenta la presión sobre los rescatistas y la angustia de los sobrevivientes en medio de escombros inestables. En un complejo residencial en Cali, brigadas continúan buscando a 15 personas desaparecidas, luego de que se localizara a 13 víctimas fallecidas en el lugar.
A pesar de la tragedia, la solidaridad se ha manifestado en múltiples formas. Mónica Mina, propietaria de un restaurante, relató cómo junto a otros chefs de la ciudad trabajan incansablemente para distribuir alrededor de 1,000 comidas diarias para rescatistas y voluntarios. Sin embargo, en áreas rurales y pequeñas comunidades, la respuesta estatal ha sido insuficiente, con muchas localidades enfrentando retrasos críticos en la llegada de ayuda. En Buenaventura, algunas zonas permanecieron incomunicadas por la presencia de grupos armados ilegales que incluso han confiscado donaciones de alimentos.
El presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, quien asumió el cargo apenas días antes del desastre, ha declarado el estado de emergencia económica para enfrentar la crisis. Anunció la creación de un fondo de emergencia destinado a la reconstrucción de infraestructuras, hospitales y viviendas destruidas. Esta crisis representa el primer gran desafío para el nuevo mandatario, quien antes de asumir había prometido recortes en el gasto público.
A medida que la situación evoluciona, los funcionarios del gobierno han reaccionado a las críticas sobre la gestión de la asistencia internacional, afirmando que ninguna oferta de ayuda ha sido rechazada, pero que solo se permitirá la llegada de equipos de rescate que cumplan con estándares específicos.
Este devastador evento destaca no solo la fragilidad de la infraestructura en las zonas afectadas, sino también la resiliencia de una comunidad que busca levantar los escombros y reconstruir sus vidas en medio del caos y la tragedia.
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