Polonia declaró el jueves el estado de emergencia en dos provincias fronterizas con Bielorrusia para frenar el flujo migratorio irregular que atribuye a la acción directa del Gobierno de Aleksandr Lukashenko. Lituania y Letonia también han adoptado medidas para reforzar sus fronteras por el mismo motivo. Los países fronterizos y la UE acusan al régimen de Minsk de orquestar una ola migratoria como “arma híbrida” en respuesta a las sanciones impuestas por el bloque.
El presidente polaco, Andrzej Duda, firmó el jueves la declaración del estado de emergencia solicitada por el Gobierno para las provincias de Podlakia y de Lublin. La medida, la primera de esta magnitud que aprueba en el país desde la época comunista, restringe el derecho de reunión y la libertad de movimientos en 183 municipios fronterizos durante 30 días.
“La situación en la frontera es difícil y peligrosa y Polonia, como responsable de sus propias fronteras y también de las fronteras exteriores de la Unión Europea, ha tomado esta decisión para garantizar su seguridad y la de la UE”, declaró Blazej Spychalski, portavoz del gabinete de Duda. El presidente “tuvo que sopesar dos cosas: la seguridad del Estado por un lado y las libertades civiles por el otro”, respondió ante las críticas. El decreto debe elevarse al Parlamento, que puede revocarlo.
Ambiente tenso
Grupos de ayuda a los migrantes y residentes de la zona declararon a Reuters que ya se ha producido un aumento de la presencia policial en la zona en los últimos días. “El ambiente es en general violento, hay hombres uniformados y armados por todas partes… Me recuerda a la guerra”, declaró a la agencia Marta Anna Kurzyniec, una vecina de la localidad fronteriza de Krynki.
Amnistía Internacional advirtió sobre las devoluciones en caliente en la frontera y recordó a Polonia que “en virtud del derecho internacional y de la UE en materia de refugiados, está obligado a garantizar la evaluación individual de todas las solicitudes de asilo”.
Según el informe más reciente de las autoridades polacas, en agosto se registraron cerca de 3.500 intentos de entrar en el país, casi 1.000 detenciones y unas 2.500 expulsiones. La tensión entre la UE y Lukashenko ha ido en aumento desde las elecciones fraudulentas de 2020. Polonia, los países bálticos y la UE le acusan de utilizar a los migrantes como “arma híbrida”.
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