La iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador ha despertado la preocupación de las empresas estadounidenses afincadas en México. Este miércoles, el embajador de EE UU, Ken Salazar, y los legisladores republicanos han externado su preocupación por el plan energético mexicano. A través de una carta, un grupo de 40 legisladores de EE UU pidieron al Gobierno de Joe Biden que dé una respuesta “oportuna y clara” a los esfuerzos de la Administración de López Obrador para limitar el acceso a sus sectores energéticos y que, según ellos, excluye a las empresas estadounidenses y viola las normas del reciente tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.
Los legisladores estadounidenses han hecho énfasis en que la iniciativa energética de López Obrador además de anticompetitiva también perjudica la inversión de EE UU, a sus trabajadores estadounidenses y al compromiso de la región de América del Norte respecto a la sustentabilidad. “En las últimas semanas, las acciones de aplicación discriminatorias y arbitrarias (del Gobierno mexicano) se han intensificado. A través de lo que parece ser un uso selectivo de la autoridad, han obstaculizado explícitamente, y en algunos casos bloqueado por completo, la participación del sector privado estadounidense en los mercados de combustibles de México”, refiere la misiva.
La propuesta de reforma constitucional del Ejecutivo busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), desaparece las filiales en las que se dividió la CFE desde 2013 y se fija en la norma fundamental los porcentajes de producción eléctrica de los sectores público y privado: la paraestatal generará “cuando menos” el 54% y las empresas se tendrán que conformar con el resto. Además se elimina la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y traspasa sus atribuciones a la Secretaría de Energía. También, reduce las posibilidades del sector privado para abastecerse de energía de forma independiente y elimina los llamados Certificados de Energías Limpias (CELs).
La especialista del sector energético Rosanety Barrios señala que el proyecto eléctrico de este Gobierno pone en riesgo el nuevo tratado de libre comercial EE UU-México-Canadá y alerta que de aprobarse el cambio constitucional no solo se afectará a las empresas del sector sino también a los grandes jugadores estadounidenses afincados en México que generan electricidad a partir de fuentes renovables debido a sus compromisos previos de transición energética en los que figuran armadoras, embotelladores o grandes firmas de retail. “Este Gobierno cuando dice nadie más va a tener un permiso de generación eléctrica, eso afecta directamente a todo el capital americano que ha entrado a México”, explica.
En respuesta a los señalamientos de EE UU, el canciller Marcelo Ebrard declaró este jueves que seguirán reuniéndose con el embajador Salazar y con los representantes estadounidenses para explicar la iniciativa del Ejecutivo. “El objetivo de esas reuniones es que él tenga claro qué es y qué no es la reforma y, segundo, escuchar los planteamientos y las preocupaciones que le han externado las empresas de origen norteamericano, para ver cuáles de sus planteamientos son atendibles, son razonables, y cuáles carecen de fundamento o tienen solución de otra forma”, dijo.
Luis Miguel Labardini, especialista del despacho energético Marcos y Asociados, advierte de que la incertidumbre provocada por la falta de un regulador y de reglas eficientes de despacho disparará hacia arriba el riesgo de las inversiones en el sector, y colocarían la tasa esperada de retorno en un nivel que haría inviable la inversión privada en nuevas centrales eléctricas privadas. “Estas medidas representarían un retroceso de 30 años en la evolución del sistema eléctrico mexicano, afectando gravemente la inversión, las señales de precio y la confiabilidad del abasto”, añade.
Labardini reconoce que existen reclamos puntuales de esta Administración respecto del funcionamiento del actual mercado eléctrico: los incentivos fiscales a las fuentes renovables, el abuso de la figura de autoabastecimiento y los contratos que la CFE y la Secretaría de Energía han calificado como “leoninos”. “Los generadores privados también tienen su propia lista de agravios, que incluyen las altas penalidades, y la suspensión, en la práctica, de la reforma misma. Estos, y otros conflictos pueden ser el reflejo de distorsiones en el mercado, y deben ser resueltos en el marco de la regulación, y no a través de un cambio constitucional. Sin embargo, la solución no pasa por la destrucción de un sistema que México como nación ha venido construyendo en los últimos 30 años”, zanja.
Actualmente México tiene un millar de permisos de generación eléctrica de privados – en operación, construcción y pendientes de iniciar—, los cuales suman una capacidad de unos 79.300 megawatts y una inversión de alrededor de 91.500 millones de dólares, según las cifras oficiales. Estos permisos estarán en vilo hasta abril del siguiente año, fecha en que se prevé concluya la discusión de la reforma eléctrica en el legislativo.
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