Al desastre de la salida de Afganistán se le sumó la furia del huracán Ida y la variante Delta del coronavirus se erigió a finales de agosto como una amenaza real a la recuperación económica de Estados Unidos. Cuando parecía que la presidencia de Joe Biden no podía sufrir más reveses que empañaran su enérgico inicio, el Tribunal Supremo conservador que nació durante la Administración de Donald Trump ha demostrado ser un muro infranqueable frente a las políticas del demócrata.
Al infierno legislativo que vive la Casa Blanca, con un Senado recalcitrante que le impide avanzar en su agenda, se le acababa de sumar el máximo tribunal, que parece destinado a realizar el trabajo que no logra hacer el Congreso, incapaz de aprobar una reforma migratoria, sacar adelante leyes que no restrinjan el voto de las minorías o mantener la moratoria a los desahucios en tiempos de pandemia. El Supremo ha ido derribando los pilares sociales impulsados por el mandatario demócrata a base de procedimientos de emergencia conocidos como shadow dockets, un término legal que describe las medidas que adopta el tribunal sin que haya una exposición oral de sus argumentos.
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Bajo el Gobierno de Trump, la máxima autoridad judicial de la nación tomó muchas decisiones de calado a través de este método, sellando de forma rápida, y en ocasiones bien entrada la noche, asuntos sustanciales que, críticos del otro lado del espectro ideológico, consideraron faltos de transparencia en las formas. Cuando esto sucede, se suele atribuir el resultado a un Tribunal Supremo amable con la Casa Blanca.
Sin embargo, con esta táctica el tribunal —extremadamente conservador tras los últimos nombramientos de Trump— asestaba a finales de agosto un duro revés al Ejecutivo de Biden, al dar la razón a un juez de Texas que pidió restaurar el polémico programa Quédate en México, salido del ideario de Trump y por el que decenas de miles de solicitantes de asilo debían esperar la resolución de su solicitud al sur del río Bravo.
A ese primer asalto del Supremo contra la Casa Blanca de Biden se sumó pocos días después otra decisión por la que el tribunal, por seis votos a tres, declaró que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) no contaban con la autoridad para declarar la suspensión de los desahucios, impuesta a inicios de agosto, y que brindaba protección a unos 3,5 millones de estadounidenses en lugares con alta incidencia del coronavirus.
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El último mazazo del Supremo sucedía la semana pasada cuando los magistrados, que ostentan su cargo de forma vitalicia, impidieron por cinco votos a cuatro que se frenase la nueva ley del aborto aprobada en Texas, que prácticamente reduce a papel mojado el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo en ese Estado. La norma, conocida como la ley del latido de Texas [”Texas heartbeat”, en referencia a la supuesta pulsión del feto], entró en vigor el primer día de septiembre e impide a las mujeres abortar a partir de la sexta semana de gestación.
Además, la ley promueve la posibilidad de denuncia civil de cualquier persona que auxilie en la interrupción de un embarazo y premia esa delación con 10.000 dólares. En palabras de la juez Sonia Sotomayor, en su mordaz disensión a la decisión del máximo tribunal, Texas “ha delegado en los ciudadanos del Estado la tarea de cazar recompensas, ofreciéndoles premios en efectivo por perseguir civilmente los procedimientos médicos de sus vecinos”.
Seis frente a tres
John Roberts, el presidente del Supremo, forma junto a Clarence Thomas, Samuel Alito y los jueces que nombró Donald Trump durante su presidencia —Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch y Amy Barrett— el ala conservadora del tribunal. Frente a ellos están Sotomayor, Elena Kagan y Stephen Breyer, quien con 83 años es el miembro de más edad del tribunal. Su longevidad hace que Breyer sea objeto de una fuerte campaña por parte de los demócratas para que se retire del cargo y Biden pueda nombrar a su sucesor, con el fin de evitar que su nombramiento pase a manos de una eventual Administración republicana.
Desde el año 2010, cuando el Supremo dictaminó que se eliminaran los límites a la financiación electoral, dejando que las empresas privadas pudieran aportar fondos ilimitados para apoyar u oponerse a los distintos candidatos políticos, el tribunal se hizo más importante para el votante demócrata. Cómo puedan afectar todas las sentencias de la máxima autoridad judicial al devenir de los comicios de 2022 y la suerte que corra entonces el partido de Joe Biden puede estar vinculado a esa norma no escrita por la que los votantes que se declaran no satisfechos con las decisiones del Tribunal Supremo están más motivados para acudir a las urnas en comparación con los que lo están.
