La Administración de Joe Biden ha impuesto a sus socios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) una tasa corporativa global de al menos el 15%, ha comentado este jueves el Departamento del Tesoro mediante un comunicado. El texto calificó de alentadora la recepción de la propuesta de “una nueva arquitectura impositiva internacional” por parte de sus socios.
El porcentaje es inferior al 21% al que la OCDE aspiraba inicialmente. El anuncio del Tesoro subraya que el 15% es un umbral a partir del que sucedan esfuerzos “más ambiciosos” y se pueda “aumentar esa tasa” para frenar la carrera a la baja registrada en los últimos 30 años. Es una de las propuestas en las que lleva tiempo trabajando la OCDE, sin resultados hasta la fecha.
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Washington ha promovido negociaciones en el marco de la OCDE para implementar gravámenes armonizados entre los distintos países a los beneficios de las grandes corporaciones, con el objetivo de impedir que huyan hacia lugares como Irlanda o Bahamas, que ofrecen ventajosas condiciones fiscales. La armonización preocupa especialmente a esos destinos, temerosos de que las grandes corporaciones no tengan ya incentivos para invertir. El Gobierno de Biden reiteró que con un impuesto global corporativo “a cero” se ha desencadenado una carrera a la baja en las tasas corporativas, lo que socava la capacidad de los países de incrementar los ingresos para hacer las inversiones necesarias.
La OCDE espera alcanzar un acuerdo global de principio en la cumbre del G20 de Finanzas, prevista los días 9 y 10 de julio, como paso previo para concretar el mecanismo definitivo en una reunión final en octubre. Las negociaciones preliminares se desarrollan en el proyecto contra la erosión de la base fiscal de las multinacionales (BEPS, en sus siglas inglesas).
La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ha argumentado en repetidas ocasiones esta propuesta. Es importante asegurar que “los Gobiernos cuenten con sistemas impositivos estables que recauden suficientes ingresos y que todos los ciudadanos compartan de manera justa la carga financiera del Gobierno”, dijo en abril.
Paralelamente, en casa, Biden ha propuesto subir el impuesto de sociedades desde el 21% actual -vigente desde la reforma fiscal de Trump de 2017- hasta el 28%, si bien los demócratas más moderados, o centristas, se inclinan por un porcentaje en torno al 25%. Con ese incremento, el presidente demócrata pretender financiar en parte su ambicioso plan de infraestructuras.
Como referencia, en Irlanda, sede de numerosas multinacionales, rige una tasa del 12,5%, mientras que países del entorno como Francia y Alemania favorecen defienden el 21%. El objetivo final que persigue el incremento armonizado del impuesto es aumentar la contribución de los gigantes de la tecnología a las arcas públicas de sus respectivos países, de ahí el interés concreto de EE UU, sede de la mayoría de ellos. El presidente Joe Biden ha llegado a apuntar en concreto al caso de Amazon, a quien acusa de haber eludido sus obligaciones fiscales en su país gracias a las ventajas tributarias de otros países.
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