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La democracia de Estados Unidos vive una batalla sobre su esencia misma. El derecho de sufragio universal, que no por anticipada deja de ser trascendental para el futuro a medio plazo de la confianza de ese país, y el resto del mundo, en la fiabilidad de sus instituciones.
En la primera mitad de este año, 18 Estados con mayorías republicanas en sus legislativos han aprobado leyes destinadas a dificultar el ejercicio del voto. Legislar para reducir el número de lugares de votación, o las horas para hacerlo, o endurecer los requisitos para registrarse no se pueden calificar más que de involución democrática de primer orden: políticos intentando que la gente no vote, simplemente.
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Las pasadas elecciones presidenciales de 2020, y sobre todo las del Senado en Georgia, hicieron saltar todas las alarmas entre los republicanos. Con una movilización fiable y sistematizada del voto en barrios pobres y negros de las grandes ciudades. Los demócratas han dado la vuelta al Estado sureño. La misma dinámica se da en Arizona con el voto mexicoamericano.
En apenas cuatro años de trumpismo, dos Estados sólidamente republicanos han votado a un presidente demócrata y tienen sus cuatro senadores demócratas. La conclusión que ha sacado el establishment republicano no es que debe cambiar sus políticas, sino que el avance del voto urbano y de las minorías supone una amenaza existencial que necesitan frenar a toda costa.
