Cada administración gubernamental suele creer que su visión sobre la política industrial es la más efectiva, insistiendo en que el sector empresarial debe adaptarse a sus directrices. A lo largo de la historia reciente de México, es evidente que los períodos de populismo han tenido efectos perjudiciales para el sector privado. Desde los estragos económicos causados por las decisiones de las administraciones de Echeverría y López Portillo, hasta los desplantes hacia las empresas durante el mandato de López Obrador, el panorama ha sido complicado.
Históricamente, los ciclos económicos han estado marcados por diversas decisiones gubernamentales. Durante el período conocido como el Desarrollo Estabilizador en los años 50 y 60, la política económica se enfocó en la autonomía, promoviendo una industria nacional que sustituyera importaciones. Las herramientas fueron el proteccionismo arancelario, subsidios y una fuerte intervención estatal en sectores esenciales como el energético.
Sin embargo, el populismo que dominó las décadas de los 70 y 80, en un contexto de cambio hacia la apertura global, detonó una crisis económica profunda que empobreció tanto a la sociedad como a las empresas, preparando el terreno para una necesaria apertura comercial.
Durante los años 90 y las primeras dos décadas del siglo XXI, la política industrial se manifestó en lo que algunos han malinterpretado como “la mejor política industrial es no tener política industrial”. Este modelo, impulsado por el Consenso de Washington, buscaba estabilidad macroeconómica y reducción de déficits fiscales, así como una liberalización comercial sin interferencias estatales. Aunque funcionó en ciertos aspectos, en México dejó sin resolver problemas críticos: persistieron actitudes estatistas en la energía, no se consolidó un Estado democrático respetuoso del Estado de derecho y se ignoró a aquellos que quedaron excluidos del mercado.
Los errores estructurales, más que el proceso de apertura en sí, han sido aprovechados por ciertos líderes populistas para agravar la situación. En este contexto, el regreso al proteccionismo no sería la solución. Es imperativo corregir estos fallos de origen en lugar de atender únicamente las demandas del sector privado.
Un funcionario actual que parece comprender esta complejidad es Marcelo Ebrard, cuyo trabajo en la Ciudad de México muestra un enfoque práctico que otros líderes de su partido no han replicado. Su afirmación de que “un país que no tenga una política industrial agresiva no le va bien” resuena en un entorno donde se requiere una acción efectiva más allá de alinearse con las propuestas de Plan México o los aranceles impuestos por Estados Unidos.
La competencia con China, una nación que utiliza el comercio como herramienta de expansión en lugar de defender el libre comercio, exige una respuesta estratégica. Para desarrollar una política industrial efectiva que no solo sea agresiva, sino asertiva, es vital abordar las necesidades esenciales del sector privado. Estas incluyen cinco pilares fundamentales: seguridad jurídica y regulatoria, seguridad energética con precios competitivos, infraestructura estratégica y logística, formación de habilidades y talento humano, así como incentivos equitativos para las cadenas de valor.
Una política industrial que aborde estos aspectos no solo fomentaría un entorno positivo para el crecimiento empresarial, sino que también podría reequilibrar la economía, propiciando un desarrollo sostenible y justo. La dirección es clara: es hora de enfocarse en los fundamentos para construir un futuro industrial sólido y competitivo.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
