La percepción económica en México ha tomado un giro preocupante tras las recientes decisiones de las agencias calificadoras. S&P, a mediados de mayo, cambió a negativa su perspectiva sobre la deuda soberana mexicana. Esta semana, Moody’s intensificó la situación al bajar la calificación del país de Baa2 a Baa3, situándola en el último nivel del grado de inversión. Aunque en términos técnicos México sigue siendo considerado un destino viable para la inversión institucional, la psicología del mercado revela un sentido de alarma que podría tener repercusiones significativas.
Las razones detrás de estas acciones son bien conocidas. El rescate de Petróleos Mexicanos (Pemex) figura entre los principales factores que afectan la disciplina financiera del país. En 2025, el gobierno desembolsó alrededor de 35,000 millones de dólares para sostener a la empresa, cifra que representa el 1.9% del PIB. Para 2026, se tienen planeados otros 14,000 millones. Además, las proyecciones de crecimiento han sido ajustadas por Moody’s a menos del 1% para 2026 y 1.3% para 2027. Con un indicador de intereses sobre ingresos que ya ha alcanzado el 17%, la capacidad del país para enfrentar presiones externas se encuentra seriamente limitada.
Las calificaciones soberanas sirven como señales de alerta para los inversionistas. Aunque no proporcionen información nueva, permiten a los mercados actuar sobre lo que ya sospechaban. Este fenómeno, conocido como cascadas de información, explica por qué las rebajas de calificación pueden causar efectos desproporcionados. El anuncio de Moody’s y S&P no solo refleja la situación actual, sino que sincroniza las expectativas del mercado, fomentando una respuesta colectiva que puede ser autocomplaciente.
Las consecuencias inmediatas se ven en la depreciación del peso, lo que encarece las importaciones y presiona la inflación. En este contexto, el Banco de México apenas está recuperando espacio para reducir las tasas de interés. Además, surge una preocupación más profunda sobre la confianza de los inversores, especialmente en un modelo de nearshoring que ha ganado relevancia. Moody’s ha señalado claramente las limitaciones en energía, disponibilidad de agua, problemas logísticos y condiciones de seguridad como factores que han afectado la inversión privada desde 2024. Una rebaja en la calificación no aborda estos desafíos; los hace más evidentes para cualquier corporativo considerando establecer nuevas operaciones en México. Aquí, las decisiones de inversión no son únicamente racionales; están impactadas por narrativas que, desafortunadamente, hoy no son favorables.
El gobierno ha intentado contrarrestar esta percepción con datos objetivos. En 2025, se ejecutó un ajuste fiscal significativo, equivalente a 1.3 puntos del PIB, el mayor en tres décadas. Además, en el primer trimestre de 2026, se reportó un superávit primario de 98,000 millones de pesos y ahorros por 47,000 millones en costos financieros de la deuda. Sin embargo, en un clima de desconfianza, los datos positivos son rápidamente desestimados, mientras que las malas noticias adquieren un peso desproporcionado. Este fenómeno, conocido como asimetría de negatividad, revela cómo las malas noticias pueden moldear expectativas de manera más efectiva que las buenas.
Si bien México no enfrenta una crisis inminente, se encuentra en una encrucijada donde la diferencia entre estabilización y deterioro depende de la habilidad del gobierno para recuperar la narrativa favorable. Las agencias calificadoras, aunque no dirigen la economía, tienen un poder considerable en la forma en que el mundo decide interactuar con ella.
En medio de este panorama, el entorno se complica aún más con una reciente orden ejecutiva firmada por la Casa Blanca el 19 de mayo, titulada “Restoring Integrity to America’s Financial System”. Esta iniciativa obliga a bancos e instituciones financieras a fortalecer la vigilancia de las transferencias internacionales de bajo monto y a revisar los documentos de identidad de clientes, lo que afecta particularmente a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Se estima que cerca del 35% de los 11.5 millones de mexicanos que residen en el país vecino son indocumentados, y representan aproximadamente el 40% de las remesas que fluyen hacia México. Se prevé que este flujo podría caer entre un 10 y 20%, lo que, dada la relevancia de las remesas para el PIB, podría desplomar el crecimiento de 1.0% a cerca de 0.65%.
Sin embargo, el impacto más criticable no es simplemente económico. Las remesas son el sustento mensual de millones de familias en estados como Michoacán y Guerrero, dedicadas principalmente al consumo básico, la vivienda y la educación. Una reducción en este flujo no solo impacta cifras; transforma decisiones. La creciente incertidumbre sobre el ingreso futuro motivará a las familias a reducir gastos discrecionalmente, posponiendo inversiones menores y fortaleciendo el ahorro preventivo.
Todo esto lleva a una contracción en el consumo en las zonas más vulnerables del país, justo cuando la economía más necesita estabilidad. La rebaja de Moody’s y la creciente presión sobre las remesas apuntan a un mismo destino: un entorno de confianza que se encuentra bajo un estrés considerable. Recuperar esa confianza, una vez erosionada, se presenta como un verdadero desafío.
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