Un ataque con explosivos en una carretera del suroeste de Colombia dejó al menos 13 personas muertas y 38 heridas el pasado sábado, marcando uno de los episodios más violentos en el contexto de un aumento de acciones terroristas atribuidas a un grupo disidente de las FARC, que se negó a aceptar el acuerdo de paz firmado en 2016. Este ataque tuvo lugar en la zona rural del municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca, a lo largo de la carretera Panamericana que conecta las ciudades de Popayán y Cali. La vía fue cerrada temporalmente después de que una potente carga explosiva detonara, causando la destrucción de múltiples vehículos y dejando un cráter en el pavimento.
Las autoridades militares y policiales informaron que los responsables son rebeldes que han decidido mantener una lucha armada. Durante una conferencia de prensa, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, identificó a estos atacantes como “narcoterroristas” y mencionó que uno de los guerrilleros murió mientras conducía un autobús lleno de explosivos para llevar a cabo un nuevo ataque, en un incidente separado en el municipio de Padilla, también en Cauca.
Con el reciente aumento de la violencia, el ministro anunció un incremento en las recompensas por información sobre los líderes de estas disidencias y una intensificación de las operaciones militares en la región, que es considerada crucial para la producción y tráfico de cocaína, así como para la extracción ilícita de oro, fuentes primordiales de financiación para los grupos ilegales.
El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, calificó estas acciones terroristas como intentos de desestabilizar a la población a través del miedo y la incertidumbre. Guzmán expresó su dolor por la pérdida de vidas en su departamento, afectadas principalmente las comunidades más vulnerables, como campesinos e indígenas.
A su vez, en medio de tensiones políticas y sociales, la candidata presidencial Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, condenó la violencia y demandó acciones inmediatas del gobierno para responder a esta amenaza, instando a fortalecer las capacidades de las fuerzas armadas y a no minimizar la gravedad de la situación.
Entre el viernes y el sábado, se registraron otros incidentes similares en Cauca y en el cercano departamento del Valle. Uno de los ataques ocurrió frente a instalaciones de la Tercera Brigada del Ejército en Cali, provocando una creciente preocupación sobre el aumento de estas acciones violentas.
El presidente Gustavo Petro, al calificar a los agresores de “terroristas” y “fascistas”, ordenó una persecución intensiva contra este grupo rebelde. Petro está en la fase final de su mandato y ha lanzado una política de “paz total” con el objetivo de incorporar a diferentes grupos, aunque los resultados concretos hasta ahora han sido limitados.
Esta violencia refleja un ciclo difícil en la historia del conflicto armado en Colombia, que ha dejado más de 450,000 muertos a lo largo de más de seis décadas, complicando significativamente los esfuerzos de reconciliación y paz en el país. Con el telón de fondo de las próximas elecciones presidenciales, los desafíos para el gobierno actual y el futuro país son más evidentes que nunca.
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