Familias acusan represión y detenciones tras marcha en Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que la violencia durante la marcha en Guadalajara para exigir agua limpia fue causada por un grupo de choque de 400 personas. Sin embargo, los familiares de los detenidos señalaron que, si hubo provocadores, ninguno fue arrestado, pues entre los detenidos no hay integrantes de grupos que generen desorden.

Los colectivos y familiares denunciaron que la policía usó gas lacrimógeno, balas de goma y agua de forma indiscriminada, incluso contra menores y adultos mayores. Denisse Montiel, representante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, indicó que documentaron 49 detenciones, número mayor al oficial, y acusó que las personas arrestadas sufrieron tortura y permanecieron incomunicadas durante horas antes de ser presentadas ante la Fiscalía.

Montiel agregó que las autoridades no informaron sobre el paradero de los detenidos en las primeras horas y afirmó que “podemos considerar que hubo desaparición forzada por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública”. Explicó que 18 personas fueron liberadas con lesiones graves, mientras que aún no se sabe la situación y ubicación de las 31 restantes. Además, denunció que la Fiscalía se negó a publicar la lista completa de detenidos, lo que impide verificar si hay personas desaparecidas.

Por su parte, la Fiscalía de Jalisco informó que hasta el mediodía del lunes habían sido liberadas 18 de las 39 personas detenidas, 14 mujeres y cuatro hombres, pero a ninguna se le retiraron los cargos. En un comunicado, la dependencia indicó que los detenidos enfrentan investigaciones por delitos como ataque a las vías de comunicación, lesiones y agresiones contra autoridades, aunque están en libertad.

Los familiares convocaron a una conferencia fuera de la Fiscalía en la Zona Industrial de Guadalajara para denunciar irregularidades como uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales e incomunicación de los arrestados durante casi 20 horas. También señalaron que la Fiscalía no ha proporcionado los nombres completos de los detenidos para comparar con las listas de personas reportadas como arrestadas y detectar posibles desaparecidos.

Además, acusaron que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se ha negado a recibir las quejas de las familias, ya que hasta ahora no se han presentado con ellas.