La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, conocida como el FBI, ha iniciado los trámites para el decomiso definitivo del petrolero ‘Skipper’ y de 1.8 millones de barriles de crudo venezolano, vinculados a actividades sospechosas de financiación de grupos considerados amenazas a la seguridad nacional. Esta acción se deriva de una incautación que tuvo lugar en diciembre del año anterior, donde el ‘Skipper’ fue detenido en alta mar.
El FBI sostiene que tanto el barco como su cargamento son confiscables, ya que representan una fuente de influencia respecto al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI). La denuncia presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia detalla un plan de operaciones que se ha extendido desde al menos 2021 hasta la fecha actual, con el objetivo de facilitar el envío y la venta de productos petroleros que benefician a esta fuerza militar iraní.
Durante este periodo, el ‘Skipper’ ha transportado petróleo crudo, primero desde Irán y luego desde Venezuela, realizando transferencias de barco a barco y entregando el hidrocarburo a diversas localizaciones, incluyendo regímenes cuyo comportamiento es calificado por el gobierno estadounidense como delictivo. Un momento crucial ocurrió en noviembre de 2025, cuando el ‘Skipper’ cargó aproximadamente 1.8 millones de barriles de crudo venezolano en la Terminal José en Venezuela. Una parte significativa de este cargamento, alrededor de 1.1 millones de barriles, estaba destinada a Cubametales, la empresa estatal cubana de importación y exportación de petróleo, que ha sido sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU. desde julio de 2019.
La operación culminó cuando el ‘Skipper’ fue decomisado el 10 de diciembre de 2025, tras ser interceptado en alta mar bajo una falsa bandera guyanesa, lo que lo convertía en apátrida. Posteriormente, el barco y su cargamento fueron trasladados a aguas off the coast de Texas, marcando un hito en las medidas de control y seguimiento que Estados Unidos ha intensificado contra el tráfico de petróleo relacionado con gobiernos no aliados.
Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos en ese momento, enfatizó que bajo la administración del entonces presidente Trump, se puso fin a la era de financiamiento encubierto a regímenes que amenazan la seguridad del país. Esta declaración subraya el compromiso del gobierno estadounidense de tomar acciones decisivas frente a políticas internacionales que consideran perjudiciales.
Este importante suceso resuena con el creciente interés y vigilancia hacia la intersección del comercio de hidrocarburos y la política internacional, evidenciando cómo el control de recursos energéticos continúa siendo un punto focal en las relaciones diplomáticas y de seguridad global.
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