Durante la mañana del domingo, un fervoroso grupo de mujeres de colectivos feministas se congregó frente a las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) para expresar su rechazo ante varias candidaturas ganadoras en la reciente elección judicial. Estas candidaturas están vinculadas a individuos señalados como agresores sexuales, violentadores o deudores alimentarios.
Previo a la sesión del INE, en la que se validaron las candidaturas, las manifestantes aprovecharon una reunión con la consejera Rita Bell López para exhibir tres mantas en el patio central del instituto, las cuales mostraban los rostros y nombres de candidatos identificados como violentadores. Su mensaje central fue claro y contundente: "Un abusador o un deudor no puede ser juez."
Entre los candidatos cuestionados se destaca al juez Juan Miguel Morales, elegido en Ciudad de México, quien ha sido señalado por más de diez madres por realizar cambios de guardia y custodia a favor de padres acusados de violencia. Similarmente, Misha León Carmona, magistrado civil electo, ha sido mencionado por llevar a cabo prácticas semejantes.
Además, se levantó la voz sobre Roberto Gutiérrez Pérez, candidato a magistrado en Veracruz, a quien se le atribuye una sentencia de pensión alimenticia con más de 300,000 pesos de adeudos, junto a acusaciones de ser un agresor vicario. No menor fue la mención de Carlos Enríquez Sánchez Aparicio, también candidato a magistrado, quien ha sido denunciado por alterar guardias y custodias en favor de presuntos agresores. La lista continuó con Rafael Moral, aspirante a juez, quien enfrenta una denuncia penal y está acusado de realizar cambios en custodia.
Las manifestantes también advirtieron sobre Sinaí Menchaca Sierra, cuya figura se vincula con el líder de la Luz del Mundo, y Eluzaí Rafael Aguilar, hija de un líder de esa misma congregación y acusada de agresiones.
Este acto de protesta pone en relieve la lucha de las mujeres por un sistema judicial justo y responsable, al tiempo que exige al INE una revisión minuciosa de los candidatos y su historial antes de permitirles acceder a posiciones de poder. Esta problemática, que toca fibras sensibles de la sociedad, plantea una interrogante sobre los criterios de selección de quienes juzgan en el ámbito judicial y su capacidad para hacerlo con la imparcialidad y ética necesarias en la administración de justicia.
La información se remonta a la fecha de publicación original, el 15 de junio de 2025, y el contexto en que se desarrolla resuena de manera relevante en la conversación actual sobre derechos humanos y la lucha contra la violencia de género.
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