La fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, presentó el martes una denuncia constitucional en el Congreso de la República contra el presidente Pedro Castillo, acusándolo de encabezar una presunta organización criminal tras hallar indicios de delitos de tráfico de influencias y colusión. Se trata de una de las medidas más agresivas tomadas contra Castillo desde que llegó al poder.
“Formulo denuncia constitucional contra José Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República, como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder”, señala la fiscal de la nación, Patricia Benavides, en un documento difundido por Twitter.
“Ahora mismo se vive la constante y feroz obstrucción a la Justicia desplegada por la presunta organización criminal, aprovechando todo el poder que les da el estar en el gobierno”, dijo Benavides en un pronunciamiento oficial.
Más temprano, la fiscalía allanó la casa de la hermana de Castillo en busca de su sobrino, acusado de pertenecer a la supuesta banda criminal liderada por el mandatario, en una operación en la que se registraron los inmuebles de otros 12 investigados por la misma causa.
El presidente peruano protestó tras conocer la operación en la vivienda de su hermana, situada en el populoso distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima, en la que se buscaba a su sobrino Gianmarco Castillo Gómez.
El presidente alegó que su madre, Mávila Díaz Terrones, de 77 años, se recupera en esa vivienda de una reciente intervención quirúrgica, y acusó a la fiscalía de haber perjudicado su salud.
La madre de Castillo fue trasladada en una ambulancia a un hospital tras sufrir una descompensación, según medios.
“La diligencia fue ilegal. La pruebas que sacaron no tienen relación al hecho investigado”, dijo a la prensa el abogado Eduardo Pachas, defensor de Castillo.
La acción se realizó en forma simultánea en varias ciudades de Perú y se inició al amanecer, con participación de 200 policías y 60 fiscales.
La fiscal Benavides agregó que durante las diligencias se encontraron “muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno”.
Los presidentes en Perú cuentan con inmunidad y normalmente no pueden ser acusados de delitos criminales. La denuncia constitucional representa un paso relevante para levantar esa restricción.
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