La Fiscalía General de la República (FGR) ha obtenido una orden de captura contra Francisco García Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas, según han dado la noticia fuentes federales. Después de varias semanas de confusión y esgrima político en los congresos federal y estatal, un juez accedió finalmente a la petición de la agencia investigadora. La fiscalía acusa a Cabeza de Vaca de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Acostumbrados a la condición de intocables, es raro que los gobernadores en activo enfrenten un problema de este tipo. Durante mas de diez años, el fuero de los altos funcionarios hacía casi imposible que la justicia pudiera alcanzarlos. En el caso de Cabeza de Vaca, cuadro del conservador Acción Nacional, las denuncias de la Fiscalía habían encontrado resistencia en el congreso de Tamaulipas, que rechazó quitarle el fuero al gobernador, a pesar de la orden de la Cámara de Diputados federal. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal del país, que falló a favor del gobernador. La ambigüedad del fallo hacía pensar que el desafuero podría ocurrir y la fiscalía podría obtener finalmente las órdenes de captura.
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La decisión del juez abre así un camino desconocido, hijo de las disputas entre el Gobierno y la oposición. En febrero, la Fiscalía informó de las denuncias en contra del mandatario, estas por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Las pesquisas habrían nacido de dos indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. En las denuncias, los investigadores señalan que Cabeza de Vaca acumuló una fortuna de más de 900 millones de pesos, monto superior a los sueldos que ha cobrado estos años.
Este miércoles, el titular de la UIF, Santiago Nieto, se ha hecho eco de la noticia y ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter: “He ordenado el congelamiento de cuentas de la red de Francisco G por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. 12 personas físicas y 25 jurídicas. Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables. Continuaremos las investigaciones para determinar si de la red de Francisco G o del gobierno de Tamaulipas se financiaron de forma ilícita campañas electorales. En su caso, presentaremos las denuncias correspondientes”.
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