¿Está México verdaderamente protegido ante desastres naturales, accidentes y pandemias? La respuesta, basada en un análisis de la OCDE, es negativa. México cuenta con un blindaje por medio de pólizas de seguro equivalente al 2.66% de su Producto Interno Bruto (PIB), cifra que queda por debajo del 4% de algunos países latinoamericanos y aún más lejos del 8 o 9% que manejan las naciones de la OCDE. Esta estadística revela que estamos en una posición desfavorable en comparación con otras naciones.
Proteger a un país tiene implicaciones significativas: los ciudadanos no tendrían que destinar sumas considerables para cubrir gastos tras un accidente, un desastre natural o situaciones de responsabilidad civil. Recordemos los gastos que soportaron aseguradoras tras el devastador terremoto de 1985 o el huracán Billma, que generaron un pago de 2,827 millones de dólares en indemnizaciones. La pandemia, por su parte, supuso más de 3,000 millones de dólares en compensaciones económicas. Estos eventos han golpeado severamente las finanzas de innumerables familias y localidades.
Sin embargo, el esfuerzo por blindar y proteger ciudades enfrenta obstáculos. Para que verdaderas políticas públicas se implementen, es fundamental que las autoridades competentes, como la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), atiendan la urgencia de desarrollar estrategias que menten el interés tanto de la ciudadanía como de los empresarios. Este enfoque puede ser vital para proteger las finanzas de ambos sectores.
Las políticas públicas son esenciales para elevar nuestro nivel de protección, primero al de las naciones latinoamericanas y eventualmente, al de los países desarrollados. La obligatoriedad de un seguro contra daños a terceros, por ejemplo, ha demostrado ser un paso positivo en la dirección correcta. En el primer trimestre de este año, se reportaron casi 19,000 accidentes viales. Aunque todavía la mitad de los vehículos en circulación carecen de un seguro adecuado, la cultura de protección está avanzando.
En cuanto a la propiedad, solo un 12% de los hogares en México están asegurados. Este porcentaje puede aumentar al 20% para aquellos que cuentan con un crédito hipotecario, pero aún así se encuentra muy por debajo de los niveles deseables, especialmente dado el riesgo de desastres naturales que han hecho desaparecer patrimonios, tanto de individuos como de pequeños y medianos empresarios.
La protección en el ámbito de la salud también requiere un enfoque conjunto entre autoridades e iniciativa privada. Se ha demostrado que no hay recursos suficientes sin un esfuerzo colaborativo donde la sociedad juegue su papel crucial.
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), bajo la dirección de Norma Alicia Rosas, ha trabajado incansablemente para establecer estrategias que no solo atiendan problemas, sino que contribuyan a la creación de mejores condiciones de vida en las ciudades.
Aunque las estrategias parecen estar avanzando y existe disposición política, queda la pregunta de si será posible generar algún beneficio tangible antes de que finalice este sexenio. La oportunidad de unir esfuerzos para fortalecer el blindaje de nuestra nación está sobre la mesa; el tiempo y la voluntad de acción determinarán nuestro avance futuro.
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