Un tribunal en Venezuela ha dictado una medida privativa de libertad en contra de Javier Tarazona, su hermano Rafael y Juan de Dios García, miembros de la ONG Fundaredes. Los activistas civiles están acusados de terrorismo, traición a la patria e instigación al odio y deben enfrentar a partir de ahora un proceso judicial. Johhny Romero, otro de los voluntarios de la organización, fue liberado poco después sin cargos.
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En los últimos dos años, Fundaredes se ha especializado en denunciar la situación política y social de la frontera venezolana con Colombia. También ha hecho señalamientos específicos en torno a las operaciones políticas de la guerrilla colombiana en pueblos fronterizos, como escuelas, centros sociales y estaciones de radio financiadas por la guerrilla, con la anuencia de los efectivos y jefes militares venezolanos, particularmente en el Estado andino de Táchira.
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Fundaredes hizo un trabajo de contraloría e información durante la operación militar que el Ejército venezolano hizo en el municipio Páez del Estado de Apure, también en la frontera colombiana, en contra de facciones disidentes de las FARC.
Muchos políticos y activistas opositores han denunciado que las operaciones políticas y de captación de la guerrilla colombiana van más de las zonas fronterizas, muy particularmente en las zonas mineras del sur del país, en la cual abundan reportes sobre la presencia de cuadros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en actividades extractivas, y que también han sido naturalizadas por el Gobierno de Maduro con un silencio sobre el tema. La Administración chavista no se ha pronunciado sobre la medida contra los miembros de Fundaredes.
