En el primer bimestre de 2026, el gasto en pensiones contributivas alcanzó un récord histórico, representando un asombroso 28.2% del gasto programable del gobierno. Este aumento no solo es notable por su magnitud, sino que plantea serias preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal en el país.
El pasivo por pensiones contributivas del gobierno federal se elevó a 291,487 millones de pesos en los dos primeros meses de 2026, lo que implica un crecimiento del 4.4% en términos reales en comparación con el mismo periodo de 2025. Esto equivale a un deslumbrante desembolso diario de aproximadamente 5,042 millones de pesos, destinado a cumplir con las obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones, abarcando diversos regímenes como la Ley 73 del IMSS, así como las correspondientes a los trabajadores del Estado y a entidades como Pemex y la CFE.
Es esencial mencionar que esta cifra no incluye el gasto de la Pensión Universal de los Adultos Mayores (PUAM), un pasivo no contributivo que, aunque no se contabiliza en estos datos, representa una carga considerable para el gobierno federal. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en este primer bimestre, el gasto en pensiones fue más de nueve veces superior al que se destinó a inversión física.
El sistema de reparto del Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la Ley 73 se ha convertido en la mayor carga presupuestal para el gobierno federal, seguido por el sistema de la PUAM, que también acumula gastos significativos. Otros sistemas, como los de Pemex y la CFE, contribuyen a este creciente pasivo.
Conscientes del desafío, en marzo, el Congreso aprobó una reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la intención de limitar las pensiones de exmandos de confianza en organismos descentralizados. Esta reforma surge tras la polémica revelación de pensiones exorbitantes, con casos que alcanzan hasta un millón de pesos mensuales para exfuncionarios de LyFC. Según la nueva ley, estas pensiones se fijarán a la mitad del salario de la presidenta, es decir, 67,145 pesos al mes.
Aunque la medida ha sido considerada por algunos como un paso necesario, muchos especialistas advierten que no aborda el problema central del creciente pasivo pensionario en el país. En 2025, el gasto total del gobierno en pensiones, abarcando tanto las contributivas como las no contributivas, superó por primera vez los 2 billones de pesos en un solo año. Las proyecciones indican que esta tendencia seguirá en ascenso, en gran medida debido al envejecimiento de la población mexicana.
De cara al futuro, la sostenibilidad del sistema de pensiones se convierte en un desafío crítico que requiere atención inmediata y soluciones efectivas.
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