El panorama financiero del gobierno federal ha cambiado drásticamente desde 2020, reflejando un creciente desafío en la asignación de recursos. En un contexto demográfico en constante evolución, donde la población envejece y la esperanza de vida aumenta, el gasto en pensiones ha superado el destinado a las participaciones a entidades federativas. Este cambio ha marcado un antes y un después en las prioridades del presupuesto público.
Entre enero y mayo de 2025, la administración de Claudia Sheinbaum destinó 626,332 millones de pesos para el pago de pensiones y jubilaciones, representando un notable 17% del gasto neto total del sector público. En comparación, las participaciones a estados y municipios solo alcanzaron 624,039 millones de pesos en el mismo período, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Expertos como Jorge Cano, coordinador del programa de gasto público de México Evalúa, analizan esta tendencia desde varios ángulos. El envejecimiento de la población impulsa el incremento en las pensiones contributivas, como las del IMSS e ISSSTE. A esto se suma el aumento de las pensiones no contributivas, impulsadas por decisiones gubernamentales del pasado que han evolucionado hacia políticas de Estado.
Cabe destacar que el gasto en pensiones reportado por la Hacienda no incluye las pensiones no contributivas, aquellas que no requieren aportes salariales por parte de los beneficiarios. Por otro lado, el estancamiento en las participaciones se debe a una recaudación federal participable que ha visto una caída en los ingresos petroleros.
La situación es aún más crítica considerando que hasta antes de 2020, el gobierno destina más recursos para las participaciones que para las pensiones, llegando en 2001 a gastar un 157% más en participaciones.
Además, la reciente publicación de un decreto que reduce la edad mínima de retiro para trabajadores del ISSSTE agrega presión a este escenario. Esta decisión, según Cano, incrementará el pasivo pensionario del gobierno, lo que significa más gastos en pensiones en los próximos años. Con el crecimiento proyectado del gasto hasta 2050, se anticipa una carga constante sobre las finanzas públicas.
Los recursos para las participaciones, conocidos como Ramo 28, provienen de la recaudación federal, que incluye impuestos federales, derechos de minería y una fracción de los ingresos petroleros.
Frente a este escenario, se perfila un futuro donde el gasto en pensiones continúa en aumento, poniendo de manifiesto la necesidad de estrategias efectivas para atender esta realidad inminente.
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