Gastos asociados al FAN ID

La resolución de las indagatorias contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha tardado dos años, marcando un capítulo significativo en la gestión de datos personales. El proceso se originó por el incumplimiento de la FMF de la legislación vigente en materia de protección de datos, específicamente en lo que respecta a los datos biométricos sensibles. La investigación fue iniciada por el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que identificó violaciones a principios críticos de responsabilidad e información, así como la falta de consentimiento previo y por escrito de los titulares de los datos.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) asumió la responsabilidad del procedimiento y, el 25 de agosto de 2025, dio inicio a las sanciones contra la federación, cuyo intento de amparo fue atendido en el juzgado segundo de distrito de Aguascalientes. Este juez concedió una suspensión provisional, impidiendo que se dictaran resoluciones en el proceso de sanciones hasta que se resolviera el juicio de amparo. Pese a esto, la SABG continuó avanzando en la tramitación del expediente, defendiendo su enfoque frente a las alegaciones de la FMF.

En un giro crucial, la federación expresó que actuó como “tercero interesado” en las investigaciones del Inai, sin un acuerdo específico que justificara su acusación. Sin embargo, esta defensa chocó con una evaluación inadecuada del sistema FAN ID, que fue el núcleo de las infracciones. A pesar de que la FMF argumentó sobre sus roles en el tratamiento de datos, las autoridades dictaminaron que el uso de los datos del FAN ID fue esencial para el control de acceso a estadios y la gestión de aficionados, actividades intrínsecas a su naturaleza comercial.

El 23 de febrero de 2026, el juzgado determinó sobreseer el juicio de amparo, culminando en la sentencia del 12 de marzo y reabriendo el expediente el 7 de abril. Finalmente, tras revisar las fases procesales, la SABG concluyó que la FMF había cometido infracciones a los artículos de la ley de protección de datos, resultando en multas significativas. Estas sanciones fueron equivalentes al 2% y 4% de los ingresos del año fiscal 2024, lo que se traduce en multas de 14.2 millones y 28.5 millones de pesos, respectivamente.

La resolución, firmada por la directora general de datos personales en el sector privado, subraya que, aunque la multa no es excesiva, cumple con su objetivo disuasivo, instando a prevenir conductas similares en el futuro.

En un contexto paralelo, el gobierno de Zacatecas se ha visto envuelto en una situación de crisis tras el asesinato de contratistas de una mina, con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional uniéndose en una campaña para perseguir a los criminales responsables. Las autoridades han llamado a la unidad en medio de la violencia, mientras circulan mensajes amenazantes de grupos criminales en respuesta a las acciones gubernamentales.

La interacción entre estos eventos resalta la vitalidad de la gobernanza en distintas áreas, desde el manejo adecuado de datos personales en el ámbito deportivo, hasta la seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado. Estos incidentes nos recuerdan que tanto el cumplimiento normativo como la seguridad de los ciudadanos son fundamentales en la estructura social actual.

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