Diputados del estado de Chiapas han dado un paso significativo en la esfera de la seguridad pública al presentar una iniciativa ante la Cámara de Diputados, impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Esta propuesta busca reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, permitiendo que las fuerzas policiales locales accedan a armamento que actualmente está reservado exclusivamente para el Ejército.
La iniciativa, que fue aprobada la semana pasada por el Congreso de Chiapas, establece una serie de criterios obligatorios para los policías estatales que deseen portar armas de mayor calibre. A partir del 1 de enero de 2027, estos agentes deberán recibir capacitación y profesionalización en materia de seguridad pública antes de obtener los permisos necesarios para el uso del armamento.
La diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas, defendió la propuesta diciendo que no solo se trata de proporcionar armas, sino de asegurarse de que quienes las usen estén plenamente conscientes de su rol en la defensa de la población. Según ella, la capacitación es fundamental para el uso responsable y efectivo de estos recursos.
En la misma línea, el diputado Mario Francisco Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Chiapas, explicó que la motivación detrás de esta iniciativa es la necesidad de que las fuerzas del orden estén mejor preparadas que los grupos delictivos, que han aumentado en capacidad y armamento.
La preocupación por la seguridad ha llevado a la diputada federal Karina Margarita del Río Zenteno a destacar que las fuerzas estatales se han visto relegadas en términos de equipamiento, lo que ha colocado a las policías en una situación desventajosa frente a los delincuentes.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, subrayó que esta propuesta abre un debate sobre un asunto tabú en el ámbito de la seguridad en México. Reconoció que el Ejército ha sido históricamente reacio a permitir que las policías estatales dispongan de armamento exclusivo de uso militar. Sin embargo, enfatizó que es hora de tratar este tema con seriedad y discusión abierta.
Con esta iniciativa, el estado de Chiapas no solo está dando un paso hacia una posible mejora en la seguridad pública, sino que también está incitando a un debate más amplio sobre el papel de la armamentística en la lucha contra la delincuencia en México. La pregunta sobre cómo equipar efectivamente a las fuerzas del orden y asegurar el bienestar de la población continúa en la agenda, y este movimiento en Chiapas podría ser un precursor de cambios significativos en todo el país.
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