Unos 100 menores solicitantes de asilo comenzarán su traslado este miércoles a la red estatal de protección internacional, lo que representa el inicio de una estrategia coordinada entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario. Esta acción busca aliviar la presión migratoria que enfrentan las Islas Canarias, un punto crítico en la llegada de migrantes a España.
España ha estado lidiando con un incremento en la llegada de migrantes, especialmente a Canarias, Ceuta y Melilla, donde miles de personas, incluidos menores no acompañados, acceden al país cada año por vía marítima o terrestre. La situación ha tensionado los sistemas de acogida y ha reabierto el debate sobre la corresponsabilidad entre territorios. Fernando Clavijo, presidente canario, destacó la necesidad de un enfoque conjunto, afirmando: “El desafío de los menores acompañados solo admite dos respuestas: corresponsabilidad y humanidad”.
Sin embargo, la planificación del Gobierno para distribuir a estos menores entre diversas comunidades ha encontrado resistencias significativas. Varias regiones gobernadas por el Partido Popular, exceptuando Ceuta, boicotearon una reunión destinada a informar sobre el reparto de menores que provienen de Canarias. Algunos líderes regionales, como Isabel Díaz Ayuso de Madrid y Jorge Azcón de Aragón, han calificado el mecanismo como “ilegal”, a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional.
Los menores serán acogidos temporalmente en el centro Canarias 50, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria. Este espacio, que anteriormente atendía a adultos y familias, ahora funcionará como un cómodo punto de tránsito para evaluar las necesidades de los menores antes de su traslado a recursos humanitarios en la península. La estancia prevista en este centro no superará los 15 días.
El traslado se organizará en dos grupos: uno este miércoles y otro el viernes, desde los centros comunitarios donde están actualmente alojados. Durante una reunión reciente, el Gobierno central ratificó su intención de habilitar 400 plazas para menores solicitantes de asilo en Pozuelo de Alarcón (Madrid), además de planear otras 350 distribuidas en distintas localidades de la península. El Ejecutivo canario ha solicitado que en el próximo encuentro se aclare la disponibilidad de estas nuevas plazas.
El Consejo de Ministros aprobó recientemente un real decreto que regula el procedimiento de acogida de menores migrantes no acompañados. Esta norma establece un mecanismo de reubicación que permitirá trasladar unos 3.000 menores desde Canarias, Ceuta y Melilla al resto del país a partir del 28 de agosto.
El reparto estipula que Madrid y Andalucía, ambas bajo la gobernanza del PP, asumirán casi el 33% del total, más de 1.300 menores, posicionándose como las regiones con mayor responsabilidad. Cataluña y el País Vasco, aunque formalmente exentos de esta obligación, han mostrado disposición a colaborar, como es el caso de Cataluña, que ha ofrecido voluntariamente 31 plazas adicionales.
Este proceso evidencia la complejidad del fenómeno migratorio en España y la necesidad de una acción coordinada y humanitaria que no solo permita aliviar la situación actual, sino que también garantice la protección y el bienestar de los menores involucrados.
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