Gobiernos estatales y municipales en México se encuentran ante un panorama financiero complicado hacia el segundo semestre de 2026. La presión surge por una notable ralentización en las transferencias federales, un estancamiento en la recaudación de impuestos y un aumento constante en el gasto operativo y en los apoyos sociales, según lo revela el reciente Monitor Subsoberano de Moody’s Local.
A corto plazo, los bajos niveles de apalancamiento y los colchones de liquidez existentes permiten a las administraciones absorber la situación actual. Sin embargo, si la tendencia de ingresos decrecientes se mantiene hasta el 2027, las implicaciones podrían ser perjudiciales para los perfiles crediticios de los estados y municipios. Durante el primer trimestre de 2026, varios estados y algunos municipios ya evidenciaron caídas en su liquidez, revirtiendo el fortalecimiento observado en los años anteriores. Entidades como Veracruz, Tabasco, Ciudad de México y Oaxaca, entre otras, reflejan esta problemática.
La dinámica de deuda entre los gobiernos subnacionales también está cambiando; los refinanciamientos están al frente de las operaciones de deuda. Moody’s estima que para finales de 2026, la deuda de los estados alcanzará un 36.8% de sus ingresos operativos, mientras que la de los municipios llegará a un 6.8%. Esto indica un considerable espacio para la contratación de deuda a largo plazo.
Un aspecto crucial es la disminución en las participaciones federales, que han acumulado un déficit de 26,488 millones de pesos hasta junio de 2026. Esta caída es contraria a la tendencia positiva del 2025, y las participaciones, que representan un 76% de los ingresos operativos de los estados calificados, están presionando sus márgenes. Aunque se cuenta con el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) como posible solución para compensar esta brecha, se reporta un saldo limitado de 13,071 millones de pesos.
Solo nueve estados registraron incrementos nominales en sus participaciones en relación al mismo periodo del año anterior, liderados por Colima, Durango y Coahuila. En contraste, 23 entidades sufrieron disminuciones significativas en sus ingresos, destacando Campeche con una caída del 28.1%.
Por otro lado, la Recaudación Federal Participable (RFP) se ha estancado, mostrando un crecimiento nominal de apenas 0.9% para el primer semestre de 2026, lo que en términos reales se traduce en una contracción. Aunque la recaudación tributaria creció un 1.8%, el Impuesto Sobre la Renta, que es la mayor fuente de ingresos, cayó un 5.5%. Este cambio denota el final de un ciclo de elevado crecimiento en la recaudación federal.
Además, los ingresos locales están encontrando límites. La capacidad de los estados para aumentar sus ingresos propios ha alcanzado su madurez. El Impuesto sobre Nóminas ha crecido solo del 2.0% en 2020 a un 3.0% en 2026 y los impuestos ecológicos, aunque relevantes, no se han adoptado de manera generalizada.
En el contexto económico, el Producto Interno Bruto nacional ha presentado una caída del 0.6%, lo que sugiere un deterioro en la actividad económica. La combinación de menor inversión, moderación en el consumo y la desaceleración de sectores clave indica que la reactivación prometida puede ser moderada.
Este complejo panorama pone en evidencia la necesidad de estrategias adaptativas por parte de los gobiernos locales para sortear los desafíos financieros que se presentan en el horizonte.
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