El enigma de las remesas en México y el nuevo gravamen estadounidense
En un contexto donde las remesas se configuran como un pilar fundamental para la economía mexicana, el anuncio de su gravamen desde Estados Unidos despierta una serie de repercusiones que merecen atención. Según Marina Olman, experta en asesoría financiera, las empresas remesadoras tienen ahora la responsabilidad de informar al Departamento del Tesoro sobre quién envía el dinero y el monto de las transacciones.
El núcleo de esta reforma radica en que, si los migrantes eligen enviar remesas en efectivo, estarán sujetos a un impuesto. Por el contrario, las transferencias realizadas a través de tarjetas de crédito o débito, o mediante plataformas digitales, no quedarán gravadas, lo que podría promover una mayor digitalización de estos envíos. Esta distinción subraya la intención del gobierno estadounidense de incentivar métodos de envío más seguros y transparentes.
Las entidades involucradas, que van desde bancos a uniones de crédito, deberán implementar procedimientos para recolectar y almacenar información de los remitentes. Esto plantea un dilema sobre la privacidad de los datos, especialmente para pequeñas empresas que podrían verse sobrepasadas por estas nuevas exigencias.
En el mismo evento, Kathy Tomasofsky, directora ejecutiva de la Asociación de Empresas de Servicios Monetarios de Estados Unidos, destacó que incluso los ciudadanos estadounidenses con estatus legal de residencia tendrán que llenar formularios específicos para realizar transferencias. Esta medida preocupa, ya que pequeñas empresas, que a menudo manejan unas 500 transacciones mensuales, podrían enfrentarse al cierre si esta normativa interfiere con su modelo operativo.
A lo largo del último año, se registraron dieciocho intentos en diferentes estados de EE. UU. para legislar sobre el gravamen a las remesas, todos fracasados ante la evidencia de que su implementación afectaría negativamente a las instituciones financieras. Actualmente, el único estado que cobra este impuesto es Oklahoma, donde se aplica una tasa del 1% sobre cada 500 dólares enviados. Cabe señalar que este estado generó apenas el 0.8% de los envíos totales de remesas a México en el primer trimestre de 2025, contrastando con los impresionantes 4,400 millones de dólares que California, el mayor emisor, envía.
Por otro lado, en el ámbito mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado que más que buscar reembolsos para quienes envían efectivo, buscan facilitar el acceso a herramientas como la tarjeta Financiera del Bienestar (Finabien). La idea es que los migrantes puedan digitalizar sus envíos, facilitando su ejecución dentro del marco normativo estadounidense.
Con todos estos movimientos, queda claro que casi la mitad de las remesas que llegan a México son aún depositadas en efectivo. Este gravamen promete tener un impacto significativo en cómo se gestionan y envían estos fondos, estableciendo un llamado a la adaptación en el sector financiero tanto en México como en Estados Unidos. Así, la intersección entre la economía global y las políticas fiscales cobra mayor relevancia, destacando la complejidad de los flujos migratorios y su efecto en las comunidades.
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