El Govern de la Generalitat veía esta semana cómo el Partit dels Socialistes (PSC) y En Comú Podem (ECP) hurgaban en la división del independentismo al mostrarse dispuestos a negociar la tramitación de los presupuestos para 2022, a los que los socios preferentes de la CUP ayer sábado descartaron dar la luz verde. El bloque soberanista exhibía sin rubor sus grietas políticas, un episodio más de las divergencias que mantiene sobre la hoja de ruta el secesionismo catalán. En Esquerra hay quienes ya dan por enterrada la meramente retórica unidad de un independentismo que es incapaz de responder con una sola voz a cómo negociar con el Gobierno central y muestra fisuras a la hora de buscar alianzas para la aprobación de unos simples pero importantes presupuestos autonómicos postpandemia.
El pasado miércoles, cuando el presidente Pere Aragonès aceptó la mano tendida los comunes para pactar las cuentas de la Generalitat, el presidente de la bancada de Junts per Catalunya, Albert Batet, le pidió explicaciones en el hemiciclo por acercarse a una fuerza que los seguidores de Carles Puigdemont no ven con buenos ojos, pues a su juicio desnaturaliza propósitos, al menos retóricos, del independentismo. El caso es que al término de la sesión de control al president, Batet le recriminó que se hubiera tomado la libertad de aceptar esa mano tendida por ECP. A juicio de Junts, el pacto con los comunes pone en peligro uno de los últimos bastiones discursivos de un secesionismo que contó con el 52% del electorado en las pasadas elecciones, pero en la práctica debe buscar apoyos fuera de esa mayoría de la que presume.
En Esquerra hay quienes dan por enterrada la unidad independentista, que consideran más simbólica que real. Pase lo que pase en la votación de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos este lunes, el principal problema no es la actitud mantenida por la CUP –que no sorprende a nadie- sino la labor de zapa que contra la estrategia de diálogo de ERC hacen sus socios de Junts per Catalunya. “El auténtico incordio es Junts; haga lo que haga la CUP, la política de bloques se ha acabado”, aseguran fuentes republicanas. Esa actitud pragmática de los republicanos choca con su reiterado rechazo a pactar con el PSC en Cataluña, aunque no con el PSOE en Madrid. Esquerra, que junto con la Junts y la CUP acordó en la pasada campaña mantener un cordón sanitario al PSC a la hora de formar Govern, añora los tiempos en que Jordi Pujol pactaba con el PSOE un papel secundario para el socialismo catalán en aras a la gobernabilidad de España. EL PSC, además, fue la fuerza más votada.
Los socialistas catalanes se rebelan contra ese papel y creen que el problema está en que los republicanos no se atreven a formular abiertamente que la unidad independentista se ha roto y que no tiene sentido seguir manteniendo la ficción en el Ejecutivo. “No podemos estar cada día con una crisis como ha venido sucediendo con los presupuestos desde 2016″, aseguran desde el PSC. Los comunes, por su parte, ya salvaron con su abstención las cuentas de la Generalitat para 2020 –que tuvieron el voto contrario de la CUP– y ahora ven difícil llegar a un acuerdo, pero entienden que su actitud al igual que la de los socialistas tiene como objetivo sacudir el tablero político. Desde 2017 la ley no permite cambiar partidas entre departamentos de la Generalitat. Y eso dificulta pactar propuestas de calado, máxime cuando las cuentas han salido de la mano de Jaume Giró. El consejero independiente de la cuota de Junts per Catalunya ha decidido mantener la candidatura para ser sede de Juegos Olímpicos de Invierno, el proyecto de un macro-casino en la costa tarraconense y no aumentar los impuestos. El caso es que curándose en salud, todos los partidos, excepto los dos del Govern, han presentado enmiendas a la totalidad. La CUP ha decidido subir la apuesta exigiendo que ERC y Junts se comprometan a celebrar un referéndum de autodeterminación en esta misma legislatura, pero la última oferta hecha por el Govern incluye solo la puesta en marcha de una mesa de estudio que sopese la posibilidad de realizar la votación.
Pero si los aliados son poco fiables dentro del independentismo, otro tanto sucede en el seno del bloque de la izquierda en el Ayuntamiento de Barcelona. Esquerra, que había negociado y pactado los presupuestos de la ciudad desde que se inició el actual mandato hace dos años, ha decidido negar su apoyo a las cuentas para 2022. Se trata de un movimiento que el gobierno municipal de comunes y socialistas no duda en calificar de jugada electoralista. El ejecutivo barcelonés liderado por Ada Colau, sin embargo, ha contado con un socio que le ha permitido salvar el primer trámite: los tres votos de Barcelona per Canvi –creado por Manuel Valls, ahora nuevamente en la política francesa– han bastado. La formación de centro-derecha ha hecho gala nuevamente de un eclecticismo que no abunda en política. No es la primera vez que sucede: Barcelona pel Canvi dio sus votos a Colau en 2019 para evitar que el independentista Ernest Maragall se hiciera con la alcaldía de Barcelona. Y tampoco ha tenido empacho en aprobar presupuestos municipales en años pasados con comunes, socialistas y incluso republicanos.
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