Hace siete años que Esperanza García no duerme tranquila. Su pueblo, San José de Baviácora, en Sonora (norte del país), sufrió junto con otros 35 municipios el derrame minero más grave en la historia de México. Desde entonces beber, dar de comer a sus animales o cocinar se ha convertido en una pesadilla. Vivir a orillas del río Sonora pasó de ser una fuente de prosperidad a un foco tóxico donde el tiempo pasa lento y el problema crece sin resolverse.
Más de 20.000 personas siguen afectadas por el derrame de la minera Grupo México a lo largo de 250 kilómetros, desde la sierra hasta la capital del Estado, Hermosillo. El balance de la desgracia: familias enteras con problemas de salud, negocios en quiebra y el éxodo de cientos de personas que se vieron obligados a dejar su pueblo. “Sin agua no podemos vivir: es la fuente de trabajo, vida y alimento”, dice la señora García.
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El desastre del río Sonora ha dejado para siempre una herida en la región. 40 millones de litros de lixiviados de metales pesados que la empresa asegura haber limpiado del río, pero que expertos en el tema no se creen. “El vertido a las aguas del río llegó hasta los pozos que la gente utiliza para su consumo”, señala Antonio Romo, químico de la Universidad de Sonora. El investigador advierte que el 98% de los pozos analizados en el río Sonora siguen contaminados. Plomo, arsénico, cromo, manganeso y cadmio en cantidades superiores a lo que puede resistir el cuerpo humano.
En noviembre de 2020 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) confirmó a través de una carta enviada a los Comités de Cuenca del Río Sonora -agrupación de afectados por el derrame- que existe una alta concentración de metales pesados en los pozos que utiliza la población para el consumo humano, la agricultura y la ganadería cada día.
“Ahora puede ser que tarde la justicia, pero llega”, respondió Andrés Manuel López Obrador el 11 de diciembre de 2019, cuando le preguntaron por esta cuenta pendiente en Sonora. La Administración del actual presidente busca cerrar el problema mediante una negociación con ambas partes en las que se lleve a cabo un plan de remediación integral, se construya un hospital para los afectados y se reabra el fideicomiso para compensar los daños tras el derrame. Este último fue un mecanismo destinado por Grupo México y el Gobierno de Enrique Peña Nieto para respaldar a las víctimas, sin embargo, la reparación quedó inconclusa.
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En 2018 la empresa cerró el acuerdo de manera unilateral, habiendo ejercido solo el 60% de los 2.000 millones de pesos (unos 107 millones de dólares) que deberían haberse gastado. El fideicomiso solo entregó pequeñas cantidades del dinero a 351 personas del total de afectados, de acuerdo con la ONG PODER que ha dado seguimiento al caso. Esto representa el 10% de las ayudas entregadas. Como menciona la ONG en su informe sobre el Fideicomiso “el 90% restante se entregó para acciones de atención y seguimiento médico (UVEAS) y construir un hospital que no existe”. El centro hospitalario, por ejemplo, continúa hoy abandonado en el municipio de Ures. En él solo habitan algunos pájaros y gatos callejeros.
