En su primer viaje al extranjero como vicepresidenta, Kamala Harris deberá enfrentarse a un rompecabezas. La primera mujer en ocupar el segundo más alto cargo de la política estadounidense llegará este domingo a Guatemala con una misión que ninguno de los últimos ocupantes de la Casa Blanca ha podido cumplir: frenar la migración de centroamericanos que desbordan la frontera sur de Estados Unidos desde hace años. La llegada de cientos de miles de migrantes que huyen de un cóctel de violencia, pobreza, los efectos del cambio climático y la falta de oportunidades se ha convertido en la primera gran crisis para el presidente Joe Biden, que le encargó a su número dos combatir las causas de la migración desde el origen, igual que hizo Barack Obama con él cuando era su vicepresidente.
Tras cuatro años de presidencia de Donald Trump, en los que el republicano basó su política con la región en medidas coercitivas para frenar la migración sin preocuparse mucho por lo que pasaba de puertas adentro, al mirar a los Gobiernos de los tres países del norte de Centroamérica emisores del éxodo de familias hacia EE UU —Guatemala, Honduras y en menor medida El Salvador— Harris no encuentra con quién hablar. No hay interlocutores con los que compartir el enfoque de su administración, que quiere supeditar las ayudas para que la gente no tenga que migrar a la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado de derecho.
Con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado por un fiscal de Nueva York de haber pactado con un cartel para traficar miles de kilos de cocaína a Estados Unidos y el de El Salvador, Nayib Bukele, criticado por Washington por sus giros autoritarios y en un progresivo acercamiento a China, la administración Biden le está apostando, por descarte, a Guatemala, el primer país que visitará Harris en su viaje, que la llevará también a México el martes.
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Pero en Guatemala, donde Harris prevé reunirse el lunes con el presidente Alejandro Giammattei y otros miembros de su gabinete, a la administración Biden tampoco le espera un camino fácil. En los últimos años, organizaciones internacionales han denunciado un debilitamiento del Estado de derecho, así como “retrocesos” en la lucha contra la corrupción, especialmente desde la salida de la CICIG, la misión de Naciones Unidas que, tras 12 años combatiendo la impunidad, tuvo que abandonar Columna Digital en 2018 por decisión del expresidente Jimmy Morales. Desde entonces, se han multiplicado las denuncias de persecución a los operadores de la justicia y “el ritmo de las investigaciones se ha desacelerado“, lo que “ha limitado la posibilidad de rendición de cuentas”, indica el informe de 2020 de Human Rights Watch.
“Que [los estadounidenses] tengan claro que están durmiendo con el enemigo”, afirma la socióloga Carmen Rosa de León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), una de las 12 personas de la sociedad civil que se reunió de manera virtual con Kamala Harris en la preparación de su visita y que repetirá encuentro presencial el lunes en Ciudad de Guatemala. Para ella, su país está “en un proceso de retroceso acelerado”, con un ambiente de inestabilidad similar al de antes de la firma de los acuerdos de paz de 1996.
“Guatemala no se está diferenciando mucho de otros países de la zona, particularmente El Salvador”, coincide el excanciller Edgar Gutiérrez. “La diferencia puede ser que aquí ha venido madurando una suerte de dictadura corporativa. No tenemos un líder carismático que la encarne, pero el sistema se está moviendo justamente para anular la separación de poderes y para inyectar miedo a la disidencia, a la oposición. Además, el compromiso en la lucha contra el crimen organizado y contra la corrupción es retórico hasta ahora”.
Este domingo, antes de la llegada de Harris, el procurador de Derechos Humanos guatemalteco Jordán Rodas, publicó una carta abierta a la vicepresidenta en la que le dice que hay un sector del país al que se refiere como “transformador” que ve en ella una “importante aliada para contener la consolidación de una dictadura corporativa que comienza a provocar una nueva diáspora de asilados y refugiados políticos”. En el caso de la institución a la que representa, denuncia una “asfixia financiera” que la tiene paralizada desde agosto pasado. “La única manera de que Guatemala sea un factor de estabilidad y progreso, y no un Estado fallido es presionando al Gobierno a cumplir compromisos internacionales de Estado, respeto a los derechos humanos, lucha contra la corrupción y crimen organizado”, añade.
Pese a estas críticas, tanto De León como Gutiérrez coinciden en que el hecho de que Guatemala haya sido la apuesta de Biden en la región les da a las autoridades del país una sensación de poder en las conversaciones con EE UU. “El Gobierno de Giammattei tiene la percepción de que Estados Unidos necesita más a Guatemala que Guatemala a Estados Unidos”, apunta el excanciller.
Para la socióloga De León, esa sensación de control de la situación por parte de los grupos de poder quedó reflejada con la luz verde para la aprobación de una polémica reforma por la que el Gobierno podría regular y controlar la financiación de las organizaciones no gubernamentales. “Cuando la vicepresidenta [Harris] habló con el presidente Giammattei le planteó su preocupación por la ley de ONGs y ya está lista para entrar en vigor”, dice la socióloga. La directora de Iepades también menciona que, pocos días después de que el enviado del presidente Joe Biden al Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, se reunió con la entonces presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, como muestra apoyo a una magistrada reconocida por su lucha anticorrupción, el Congreso la inhabilitó para renovar su cargo.
Tras denunciar que era víctima de persecución por las opiniones judiciales emitidas en el ejercicio de sus funciones, Porras viajó a Washington a la espera de que se den las condiciones para recuperar el cargo para el que fue nombrada. En la capital de Estados Unidos, la exmagistrada fue invitada por Harris a una reunión en la Casa Blanca en la que también participaron otras abogadas guatemaltecas que lucharon contra la corrupción y tuvieron que exiliarse. “Ella [Harris] está buscando salidas integrales de corto, mediano y largo plazo que tengan un enfoque muy humano hacia hacia los guatemaltecos y hacia todos los ciudadanos de la región. Y cuando se piensa en resolver de raíz el problema, obviamente tenemos que entrar a hablar de resolver temas profundos, de corrupción, de narcotráfico y, en el caso mío, pues temas políticos”, le dijo Porras a Columna Digital por teléfono.
Precisamente parte de la estrategia del Gobierno de Biden en la región es aliarse con quienes estén dispuestos a subirse al tren de la lucha contra la corrupción y la impunidad, sean Gobiernos, instituciones, empresas u organizaciones civiles. De sus encuentros con Harris y su equipo, tanto Porras como De León destacan que “conocen perfectamente el área del que están hablando” y que, en su búsqueda de respuestas pragmáticas a una situación que reconocen muy compleja, están tratando de identificar lo que ha funcionado hasta ahora y lo que no.
“La gran dificultad de la administración Biden va a ser conciliar o administrar la emergencia de las oleadas de migrantes con el tiempo que necesita para madurar la negociación de la reforma migratoria en el Congreso”, apunta el excanciller Gutiérrez. Para él, la solución debería incluir “un eslabón intermedio” para contener la urgencia de los migrantes, como un aumento considerable de visas temporales para que los centroamericanos no tengan que arriesgar la vida para trabajar en Estados Unidos.
Por su parte, la exmagistrada Porras ve en este contexto una oportunidad para que su país abandere una propuesta para atacar las raíces de la migración. “Creo que si el Gobierno de Guatemala abre un espacio adecuado para el diálogo, si el sector económico se suma a esta intención, y si se abren espacios a organizaciones de la sociedad civil y a la prensa para transparentar todo, podría ser una gran oportunidad para Guatemala y para toda la región”.
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