Los avances del caso Púnica han permitido documentar cómo la trama perpetró un presunto amaño de 10 millones de euros con la construcción de unas instalaciones deportivas, comerciales y de ocio en Valdemoro (Madrid), epicentro de la supuesta red de corrupción que anidó durante más de una década en la Comunidad de Madrid de la mano de Francisco Granados, ex secretario general del PP autonómico. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha elaborado un nuevo informe, fechado el pasado 5 de abril y al que tuvo acceso Columna Digital, donde detalla que el Ayuntamiento de dicha localidad cedió una parcela de 17.000 metros cuadrados a una empresa del constructor David Marjaliza para que levantara un complejo de 15 millones de euros. Pero la obra apenas tuvo un coste real de cinco millones.
El pasado 18 de mayo, las fiscales Anticorrupción del caso, María Teresa Gálvez y Carmen García, pidieron que el informe de la Intervención del Estado se incorporase a la instrucción. Con este documento como base, donde se incluyen informes municipales y el certificado final de obra, el ministerio público describe la maniobra urdida para esquilmar las arcas locales. El Ayuntamiento de Valdemoro adjudicó en 2011 el proyecto a la compañía Open Sport Life Center, que debía levantar unas instalaciones con un coste de 11 millones (que se elevaba hasta los 15,5 millones al incluir el IVA y otros gastos). Y, a cambio, podría explotar el área durante 75 años pagando solo un canon anual de 1.770 euros. La compañía subcontrató entonces las obras con la Constructora San José para un proyecto de solo 5,8 millones.
Este reciente análisis de la IGAE, organismo dependiente de Hacienda que concluye que “no se realizó la obra en la cuantía prevista en el contrato de concesión”, ya se encuentra sobre la mesa de Manuel García-Castellón, juez instructor de la Audiencia Nacional, que mantiene abiertas dos líneas de investigación en Púnica —bautizadas como Piezas número 4 y 5— sobre todas las irregularidades urbanísticas que se han detectado en los municipios de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle, entre otros.
Para la IGAE está muy claro quién resultó perjudicado: “El incumplimiento contractual de Open Sport Life Center ha producido al Ayuntamiento un perjuicio económico de 9.759.305,42 euros, que resulta de la diferencia entre la obra que debía realizar según el contrato (15.571.621,49 euros) y la que efectivamente realizó (5.812.316,07 euros)”, concluye en el informe de 11 páginas. Según los investigadores, detrás de la compañía señalada se encontraba Marjaliza, uno de los principales imputados por la trama y que colabora con la justicia desde el verano de 2015.
