Costa Azul, en el municipio de Namasigüe, es un caserío al sur de Honduras en el que viven cerca de 65 familias. Es una zona caliente y prácticamente desértica donde la comunidad sobrevive con cultivos de maíz, frijol verde y unas pocas vacas. El agua es un recurso que escasea. Y los residentes aseguran que ahora aún más con la instalación de una empresa de energía solar fotovoltaica que ha deforestado una zona importante para la ganadería, ha provocado el aumento de las temperaturas por el reflejo del sol en las placas y la desaparición de las quebradas.
Así lo ha venido denunciando permanentemente Félix Pastrana desde Estéreo Namasigüe, la radio comunitaria que dirige y donde los habitantes de las nueve aldeas del municipio pueden informarse sobre las concesiones de los proyectos como parte de la estrategia local para defender los pocos recursos naturales que dicen les quedan.
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La empresa Los Prados, afirman, que llegó con engaños y subterfugios, prometiendo generar empleo y desarrollo social. Pero en realidad quería expandir la instalación de paneles solares y consolidar así su proyecto de generación de energía solar en la región. “La estrategia de los gobernantes del país fue manipular la información para confundir a las comunidades. Primero dijeron que el proyecto iba a ser una melonera, después una empresa cañera y en 2017 se deforestó la zona y el proyecto se instaló finalmente con irregularidades”, afirma Pastrana a través de videollamada.
El comunicador, que se presentará como candidato a alcalde en los comicios de finales de año, no está en contra de la energía solar, pero sí de la forma en que ha llegado al territorio. Asegura que para la construcción de la fotovoltaica se deforestó un área de árboles de más de 200 años de vida, mermando las pocas superficies arbóreas en el territorio. A pesar de que la empresa afirma seguir los estándares internacionales, Pastrana no lo tiene tan claro y argumenta que no era necesaria la deforestación.
Estos proyectos han generado daños al medio ambiente y la biodiversidad de la zona, alterando también la convivencia pacífica en las familias”
Reymundo Cepeda, representante de la Asociación de Mujeres Defensoras de la Vida (AMDV)
El derecho a la autoconsulta
Al igual que en Prados Uno, tampoco hubo proceso de consulta a los habitantes del resto de las comunidades. “La alcaldía y el Gobierno lo único que hicieron fue llamar solo a los representantes de la Junta Directiva de los patronatos y con esto ellos estaban dando efecto de que las comunidades sí estaban de acuerdo con los proyectos, pero nunca nos consultaron”, destaca Pastrana.
Para Hernández, las autoconsultas son una herramienta de participación ciudadana para que sean los pobladores los que decidan sobre su territorio y sus bienes naturales. “El proceso permite que los liderazgos de las comunidades queden empoderados conociendo sus derechos, como a la participación o a la información pública. No hacemos más que fomentar la cultura ciudadana y fortalecer los procesos democráticos, la transparencia y la rendición de cuentas”, afirma.
