Empleados públicos esenciales, pero con contratos temporales desde que comenzaron a trabajar. Así podría resumirse la vida laboral de Alejandro Álvarez y Tamara Schulz, enfermero y profesora de secundaria con más de dos décadas de experiencia. El primero tiene 42 años, vive y trabaja en Santa Cruz de Tenerife (Canarias) y terminó sus estudios de enfermería en 2000. En este año ha firmado tres contratos, el último de 12 meses. “Y tengo suerte, lo veo como un premio debido a la situación en la que estoy, he tenido contratos de meses y de días sueltos”, cuenta Álvarez, que por fin ve algo de estabilidad en el centro de salud donde trabaja.
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El contrato de Tamara Schulz, profesora de música de secundaria, termina el 31 de agosto y vuelve a firmar otro el 1 de septiembre. Lleva en la misma situación 19 años. Vive en Llanes (Asturias), tiene 43 años y dos hijos. “Nunca creí que con mi edad iba a seguir siendo una empleada temporal”, confiesa con cierta decepción. Además de afectar a su vida personal, Schulz cree que estas condiciones laborales inciden también a la calidad de la enseñanza: “Es imposible hacer un proyecto con los alumnos a largo plazo, cuando empiezas a conocerlos me tengo que marchar a otro centro. Siempre es como volver a empezar”, afirma resignada.
En estos dos sectores, educación y sanidad, la temporalidad está desbocada: en 2020 fue del 29,1% y 41,9%, respectivamente, según los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. El sector público español tiene una tasa de empleo temporal superior a la del sector privado, alrededor del 30%. La recomendación europea señala que no sobrepase el 8%.
