Todo comenzó en febrero del año anterior, cuando la Cadena Ser explicó que desde finales de 2017 el FC Barcelona contaba con los servicios de I3 Ventures, empresa del argentino Carlos Ibáñez, que se dedicaba a crear estados de opinión a través de las redes sociales al tiempo que desprestigiaba y difamaba a personas y entidades no afines a la junta, también a jugadores como Leo Messi y Gerard Piqué.
Algo que negó el expresidente Josep Maria Bartomeu y que ahora el propio Ibáñez se ha encargado de aclarar, dado que el empresario, afincado en Uruguay, declaró este martes por videoconferencia en el juzgado número 13 de Barcelona. Y admitió que la campaña difamatoria fue encargada por la junta, al tiempo que señaló a Jaume Masferrer como interlocutor entre la empresa y el club, también la mano derecha del expresidente.
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“Fue un servicio extra ajeno al contrato”, apuntó Ibáñez a la vez que reveló que no hubo un sobrecargo por esta operación, que, admitió, se hizo a través de cinco perfiles. Aunque negó que fuera una campaña difamatoria. “El objetivo era proteger la reputación. Buscábamos cómo parar el daño. Si atacaban a Valverde, yo decía que Guardiola no ganaba títulos”, expuso Ibáñez al tiempo que aseguró que era para contrarrestar las campañas de desprestigio que hicieron Jaume Roures -administrador único de Mediapro- y Víctor Font -candidato a la presidencia que perdió el pulso con Laporta-, que según él sí orquestaban estos perfiles. Una artimaña que los Mossos estimaron en un perjuicio económico de hasta 1,2 millones para el Barça y que, además, le costó el cargo a Bartomeu.
La primera reacción de la cúpula directiva fue lavarse las manos y negar tal tropelía, al tiempo que admitían que I3 Ventures era una empresa proveedora del club y, si se demostraban las vinculaciones con las cuentas en las redes sociales, rescindiría el contrato. No solo se demostró eso, sino que el club pagó un millón de euros anuales a la empresa de Ibáñez y las facturas se trocearon entre diferentes departamentos para que cada una fuese inferior a 200.000 euros y así evitar que los contratos pasaran por la aprobación de la junta.
