El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha hecho un llamado urgente a los diputados para la asignación de recursos que le permitan cumplir con sus labores regulatorias y garantizar los sueldos de sus aproximadamente 1,300 empleados, la mayoría con conocimientos especializados en campos como economía, derecho e ingenierías. Estos trabajadores se encuentran en la incertidumbre sobre sus futuras indemnizaciones, ante la inminente reforma constitucional que podría llevar a la extinción del organismo como autoridad reguladora.
Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, Javier Juárez Mojica, comisionado presidente del IFT, solicitó apoyo al Legislativo para asegurar recursos necesarios mientras se define la transferencia de funciones a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Este organismo ha visto su presupuesto recortado en un 70% para el 2025, quedando con solo 500 millones de pesos, una cifra que resulta insuficiente para pagar nómina y seguir regulando las industrias de telecomunicaciones y radiodifusión.
A pesar de que el IFT había solicitado 1,680 millones de pesos, el recorte plantea serias preocupaciones sobre la capacidad del organismo para continuar su trabajo. La oposición política ha criticado un nuevo proyecto de ley de telecomunicaciones, considerándolo una posible censura y más alineado con intereses ideológicos del gobierno actual, lo que ha llevado a un debate más amplio sobre la regulación de este sector.
El presupuesto asignado pone en riesgo programas fundamentales del IFT, con repercusiones directas para su funcionamiento. Juárez Mojica mencionó que el IFT ha cumplido su función de generar beneficios significativos para el Estado mexicano, recaudando 180,917.8 millones de pesos en diez años. En el primer trimestre de 2025, la recaudación superó las expectativas iniciales, alcanzando 18,800 millones de pesos.
El desafío que enfrenta el IFT se intensifica en un contexto donde la reforma de telecomunicaciones requiere diálogos abiertos con la industria y la sociedad, resaltando la necesidad de garantizar los derechos laborales de los empleados del IFT, que ahora se encuentran en un limbo respecto a su futuro laboral.
Históricamente, el presupuesto del IFT ha estado en descenso, alcanzando el más bajo en 2025 con solo 500 millones de pesos. En comparación, el presupuesto en años anteriores fue significativamente mayor, reflejando un cambio preocupante en la inversión hacia la regulación de telecomunicaciones.
La situación actual se presenta como un punto crítico que podría definir el futuro de la regulación de telecomunicaciones en el país, así como los derechos laborales de los trabajadores del IFT, quienes han sido un pilar en la expansión de servicios de telecomunicaciones y el acceso a la información en México.
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