La decisión de la Policía de derribar sin autorización judicial, el pasado 21 de marzo, la puerta de un piso de la calle Lagasca de Madrid para poner fin a una fiesta que contravenía el estado de alarma no es la única actuación policial de estas características realizada durante las restricciones por la pandemia que ha acabado en los juzgados.
Un magistrado ha citado a declarar como imputados, para el próximo octubre, a los 12 policías que, en la madrugada del 9 de diciembre, entraron también sin orden judicial en otra vivienda de la capital a la que habían acudido alertados por un vecino que aseguraba oír gritos, según documentos judiciales.
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Ellos, a su vez, han denunciado a los agentes por allanamiento de morada al considerar que no cometieron ningún delito que justificara la entrada en el piso, según detalla su abogada, Marina Fernández.
La Fiscalía aún no se ha pronunciado, según fuentes del Ministerio Público. Ambas denuncias cruzadas han caído en manos del titular del Juzgado de Instrucción 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, quien precisamente también instruye el suceso de la calle Lagasca.
