Mal que le pese, el presidente Aragonès (sugerente apellido para el primer mandatario de la Generalitat catalana) es el representante ordinario del Estado en su comunidad autónoma. Su poder solo emana de unas elecciones celebradas en cumplimiento del mandato constitucional y estatutario que su partido violentó con la mascarada de referéndum de autodeterminación celebrado el 1 de octubre de 2017.
Por eso es lamentable que el presidente del Gobierno español preguntado por esas ausencias dijera que en ocasión de una visita de Estado como la de Corea del Sur sería deseable que estuvieran las principales autoridades locales y autonómicas.
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Convertidos los inminentes indultos a los facciosos en un apasionado debate político antes que en el ejercicio de un derecho que corresponde arbitrar al Gobierno de la nación, se oculta la verdadera motivación de la concesión de los mismos: garantizar la mayoría parlamentaria suficiente para el mantenimiento de la estabilidad gubernamental.
Nada que objetar, pero mejor hubiera sido reconocerlo así. Nos hubiéramos ahorrado la torpeza dialéctica de Sánchez al adjetivar de venganza las sentencias condenatorias de los jueces y el espectáculo inmundo de empresarios y obispos jaleando al que manda a ver si a ellos también les toca algo.
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Banqueros y curas apoyan por eso unas medidas de gracia que todavía no han sido siquiera argumentadas formalmente por quien debe hacerlo, no han sido debatidas por quienes deben concederlas, ni refrendadas por quien debe firmarlas.
Se trata al parecer de un indulto colectivo, disfrazado con matices individuales, y su “utilidad pública” se refiere a “fomentar la convivencia en Cataluña”. Y hasta se han movilizado manifestaciones desde el poder para apoyar la medida. Todo tiene un tono populista muy a la moda, quede donde quede el imperio de la ley.
