El reciente colapso de un edificio en demolición en la avenida San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, ha dejado un trágico saldo de tres trabajadores fallecidos y un lesionado. Este evento, que ocurrió el 15 de marzo de 2026, ha desatado una investigación para esclarecer las causas del derrumbe y determinar responsabilidades.
El incidente tuvo lugar mientras se llevaban a cabo trabajos de demolición en el inmueble situado en el número 124 de la avenida, un edificio que había sido clasificado como de alto riesgo tras sufrir daños severos durante los sismos de 2017. Según reportaron las autoridades, el accidente se originó cuando tres niveles del edificio cedieron repentinamente. En el momento del colapso, varios trabajadores se encontraban dentro, y lamentablemente, algunos quedaron atrapados entre los escombros.
Desde un principio, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, indicó que se activó un operativo de rescate que involucró brigadas de rescate, bomberos, paramédicos y perros de búsqueda para localizar a las víctimas atrapadas. Como medida de precaución, se desalojó a alrededor de 57 personas de edificios aledaños mientras se desarrollaban las tareas de búsqueda y rescate. Tras más de 20 horas de intensas labores, los equipos lograron rescatar con vida a un trabajador, quien fue llevado al Hospital Rubén Leñero con lesiones, pero fuera de peligro. Sin embargo, lamentablemente, tres trabajadores perdieron la vida tras quedar sepultados bajo los escombros.
Las víctimas, que tenían 40, 33 y 30 años, provenían de distintos estados, incluyendo Veracruz, Hidalgo y el Estado de México. Autoridades capitalinas brindaron apoyo a las familias de los afectados a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, facilitando asistencia en trámites y hospedaje durante este difícil proceso.
El edificio en cuestión había sido declarado estructuralmente peligroso desde 2018, luego de que el Instituto para la Seguridad de las Construcciones determinara que debía ser demolido debido a los severos daños ocasionados por los sismos de 2017. A partir de esa evaluación, los propietarios establecieron el Fideicomiso 777 San Antonio Abad para gestionar el proceso de demolición y realizar los trámites necesarios.
Las autoridades han dejado claro que la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad en obras de demolición corresponde a las alcaldías. Después del colapso, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación para determinar las causas del incidente y deslindar responsabilidades entre las partes implicadas.
Ante esta tragedia, el gobierno local también se comprometió a revisar los mecanismos de supervisión en las actividades de demolición para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. La importancia de cumplir con los requisitos técnicos y de seguridad en estos procesos nunca ha sido más evidente, y se espera que este suceso sirva como un llamado a la reflexión sobre la seguridad en la construcción y demolición en la capital mexicana.
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