En un contexto laboral cada vez más complejo, la informalidad se ha convertido en una “estrategia de supervivencia” para muchos mexicanos ante la escasez de empleo formal. Según datos de 2026, alrededor de 33 millones de personas, un impactante 55% de la población ocupada, se encuentran trabajando en el sector informal. Esta situación limita su acceso a herramientas esenciales como la seguridad social y a un salario protegido por ley, como el establecido en el salario mínimo general.
La problemática se profundiza al observar que, aunque desde 2018 el salario mínimo ha mostrado una recuperación del 154% en su poder adquisitivo, estos beneficios no alcanzan a quienes laboran en la informalidad. Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP), explica que este fenómeno no se origina desde una elección consciente de los trabajadores, sino que es un reflejo de la falta de opciones reales en el mercado formal.
Este punto es crucial: trabajar en la informalidad no es una alternativa deseable. De hecho, la mayoría de estos trabajadores se enfrentan a la precariedad laboral. A pesar de los esfuerzos para aumentar el salario mínimo y mejorar las condiciones de los trabajadores formales, la informalidad sigue siendo una barrera que obstaculiza el acceso a derechos esenciales. En 2026, el salario mínimo mensual se sitúa en 9,582.47 pesos, mientras que en la frontera norte asciende a 13,409.80 pesos, cifras que dejan fuera de esta mejora a quienes no están en el sector formal.
En un panorama donde el 61% de la población ocupada carece de acceso a servicios de salud a través de su trabajo, se evidencia que la precariedad laboral se ha mantenido durante las últimas dos décadas. Aunque el porcentaje de personas en la informalidad ha disminuido ligeramente del 60% hace 20 años al 55% actual, el número absoluto de trabajadores informales ha crecido en 9 millones. Esta realidad resalta un ciclo de exclusión que sigue afectando a amplios sectores de la población.
Adicionalmente, el autoempleo precario, donde 13 millones de personas se encuentran por falta de opciones laborales adecuadas, contribuye a la perpetuación de estas condiciones. Gómez Hermosillo subraya la importancia de reconocer que la precariedad laboral no es rentable a largo plazo; las consecuencias se extienden más allá de los individuos, impactando la productividad empresarial y la cohesión social del país.
A medida que el país busca soluciones y proyecciones hasta 2030 que continúen con incrementos significativos al salario mínimo, es esencial que estas políticas incluyan a aquellos que operan en la informalidad. No reconocer esta realidad solo perpetúa un sistema donde la precariedad se instaura como norma, afectando la calidad de vida de millones de trabajadores y despojando al país de un mercado interno robusto.
En conclusión, la informalidad y la precariedad laboral siguen siendo desafíos críticos que requieren atención urgente. Sin medidas estructurales efectivas, el camino hacia un futuro con mayores derechos laborales y dignidad para todos se vuelve incierto, poniendo en riesgo no solo a los trabajadores, sino a la economía y la estabilidad social del país.
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