Informe de desaparecidos confronta colectivos y Gobierno.

La escena que se desarrolló en el Museo de la Memoria y la Tolerancia de la Ciudad de México esta semana contradice la noción de un gobierno en control. En una mesa, se encuentran Arturo Medina y Enrique Ochoa, altos funcionarios de derechos humanos bajo la administración de Claudia Sheinbaum, con Bibiana Mendoza, portavoz del colectivo “Guanajuato Hasta Encontrarte”, quien busca desde hace ocho años a su hermano Manuel. En el centro, Andrea Pochak, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), intenta mediar entre dos mundos opuestos.

La presentación del último informe de la CIDH sobre las desapariciones en México ha desencadenado un nuevo enfrentamiento entre las víctimas y el gobierno. El informe, publicado recientemente, identifica la desaparición en México como un fenómeno “generalizado”, “indiscriminado” y que “puede afectar a cualquier persona”. Los principales responsables, según el documento, son los grupos del crimen organizado y, lamentablemente, también agentes del estado. Esta conclusión retoma lo que ya había señalado el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU el año anterior, lo que ha provocado tensiones con el gobierno.

Las familias de las víctimas, representadas por sus madres y hermanos, expresaron su frustración e impotencia ante las palabras de los funcionarios. Silvia Ortiz, que lleva 21 años buscando a su hija, se dirigió a los presentes: “¿Qué esperanza puede tener cualquier víctima de este país?” Las respuestas de los funcionarios sucedieron en un clima de recelo. Medina prometió una colaboración genuina, pero las familias no ocultaron su escepticismo, recordando años de manipulación y falta de apoyo por parte del Estado.

El Gobierno de Sheinbaum ha optado por reinterpretar las cifras de desaparecidos en un intento de reducir el número de 132,000 a 43,000, un movimiento que generó indignación entre los grupos de búsqueda. Bibiana Mendoza comentó que es vergonzoso que el Estado ahora intente colaborar, después de años de desinterés. A su juicio, esta situación es “indigna” dada la insistencia de las autoridades en ocultar la realidad.

El informe de la CIDH, que abarca más de 230 páginas, analiza en profundidad la crisis de desapariciones en el país, relacionando esta problemática con la violencia de género, el reclutamiento de jóvenes por el crimen organizado, y el riesgo que corren los migrantes y periodistas. A pesar de reconocer ciertos avances institucionales, el informe califica estos esfuerzos como “insuficientes”, y denuncia que el 95% de los casos de desapariciones quedan sin resolver, lo que ilustra la frustrante desconfianza en las autoridades.

La continua alza en las desapariciones ha puesto en jaque la estrategia de seguridad del gobierno, que se ha destacado por la reducción de otros delitos. La administración ha estado presionando por un mejor registro de estos casos, pero las familias demandan acciones concretas y efectivas en lugar de solo números.

El llamado de Pochak al cierre de la presentación fue claro: se requiere una colaboración efectiva y coordinada entre el gobierno y las organizaciones. “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, enfatizó, subrayando la urgencia de una respuesta efectiva frente a esta crisis humanitaria.

En resumen, el enfrentamiento entre las familias de las víctimas y el Gobierno de Claudia Sheinbaum en torno a la crisis de desapariciones en México revela una profunda herida social que no puede ser ignorada. Ambas partes están en un choque de narrativas que insiste en la necesidad de escuchar y actuar en favor de quienes han sido olvidados por demasiado tiempo.

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