La reciente muerte de inmigrantes durante operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha puesto de manifiesto una creciente preocupación sobre los métodos utilizados por las autoridades y las condiciones desgastantes que enfrentan quienes están bajo su custodia. Entre los hechos más alarmantes se encuentra la muerte de Johan Sebastian Durán Guerrero, un inmigrante colombiano que perdió la vida en un tiroteo el 13 de julio en Biddeford, Maine. Solo días antes, Lorenzo Salgado Araujo también fue asesinado en Houston, Texas, un trágico suceso que evidencia una tendencia inquietante de violencia estatal.
Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), ha caracterizado estos incidentes como manifestaciones de violencia estatal, más que como acciones de seguridad pública. Salas sostiene que estas tácticas buscan atemorizar a las comunidades mediante el terror, la intimidación y la fuerza letal. A su juicio, estos no son eventos aislados; por el contrario, representan un sistema migratorio cada vez más militarizado y propenso a utilizar la violencia.
Desde el 20 de enero de 2025, se han reportado un total de 55 muertes bajo custodia del ICE, de las cuales 18 corresponden a ciudadanos mexicanos. Este incremento en muertes es alarmante, especialmente considerando que la tasa de mortalidad ha crecido un 140% en el mismo periodo en que las detenciones aumentaron en un 77%. La atención médica, un derecho humano básico, ha sido insuficiente, llevando a críticos como Brian Root, de Human Rights Watch, a demandar al Departamento de Seguridad Nacional y al Congreso que actúen para abordar estas deficiencias y garantizar condiciones adecuadas para los detenidos.
Las condiciones de los centros de detención han sido catalogadas como inadecuadas por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos. Un análisis de Physicians for Human Rights destaca situaciones de grave negligencia médica, como el caso de Maksym Chernyak, quien sufrió un derrame cerebral después de que su demanda de atención médica en una emergencia evidente fuera ignorada. Asimismo, Lorenzo Antonio Batrez Vargas, tras ser diagnosticado con COVID-19, murió después de pasar 12 días en confinamiento.
Pero la crisis no se limita a las instalaciones de ICE. Fuera de estas, la comunidad migrante vive en estado de asedio, con una intensificación en la aplicación de las leyes migratorias. Un estudio realizado por académicos de UCLA y UC Berkeley revela que las deportaciones han aumentado cinco veces y las detenciones han cuadruplicado. En 2026, se espera que el número de instalaciones de detención autorizadas por ICE aumente de 134 a 239, lo que refleja una tendencia alarmante hacia la expansión del control migratorio.
Además, los tribunales de inmigración están sobrecargados, con casi cuatro millones de casos de deportación pendientes. La situación es crítica, dado que un solicitante de asilo tarda, en promedio, cuatro años en obtener una audiencia, lo que genera un colapso en el sistema de asilo y control migratorio.
Las cifras son contundentes: durante octubre de 2025 y mayo de 2026, los tribunales recibieron 360,658 nuevos casos, resolviendo 583,597, dejando a más de tres millones de casos activos. La comunidad mexicana es la más afectada, liderando las cifras de deportación en ese mismo periodo. Así, para muchos, el “sueño americano” se ha transformado en una pesadilla llena de incertidumbre, miedo y un endurecimiento de las políticas migratorias que gravan cada vez más el proceso de asilo y la vida de quienes buscan un futuro mejor.
Esta acumulación de tragedias y situaciones críticas subraya la necesidad urgente de revisar el enfoque y las prácticas de ICE, así como de garantizar que se respeten los derechos humanos fundamentales de cada inmigrante, independientemente de su estatus. En este contexto, se espera que las autoridades respondan con prontitud y efectividad a esta crisis humanitaria.
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