La reciente decisión de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha generado tanto alivio como preocupación en el ámbito de las telecomunicaciones móviles en México. Con el objetivo de evitar un apagón inmediato que podría haber dejado a millones de usuarios sin servicio, la CRT ha ampliado el plazo para registrar líneas móviles, ajustando su enfoque según el último dígito de cada número. Sin embargo, la situación subyacente sigue siendo crítica.
Hasta el 25 de junio, solo 63 millones de personas, o un 39.1% del total, habían logrado identificar sus líneas. Esto corresponde a 40.2 millones de líneas prepago y 22.8 millones de pospago, dejando un desfase considerable con otros 98 millones de líneas aún sin vincularse a las plataformas obligatorias. La razón detrás de esta baja participación es multifacética; muchos usuarios expresan desconfianza respecto al manejo de sus datos personales. Las dudas sobre quién tendrá acceso a dicha información y en qué contextos persisten.
La crítica más notoria es que la carga del cumplimiento recae principalmente en los usuarios que hacen un uso legal de sus servicios, en lugar de las fuerzas delictivas que realmente abusan de la tecnología. Esta situación plantea serias preocupaciones no solo sobre la conectividad, sino también sobre derechos digitales fundamentales. En un país donde la línea móvil se ha convertido en la llave de acceso al mundo digital, la posible desconexión de millones de usuarios entrañaría una limitación severa a su acceso a servicios básicos como educación, salud y transporte.
El desafío se agrava cuando se observa la posición de México en el contexto latinoamericano. Según datos del Mobile Connectivity Index de GSMA, México tenía una penetración móvil del 110% a finales de 2025, lo que coloca al país por debajo de otros mercados como Uruguay y Colombia. Si hasta 26 millones de líneas quedan suspendidas para finales de 2026, esto representaría una drástica caída en la penetración, de 110% a 90%, ubicando a México cerca de los niveles más bajos de la región.
En lugar de imponer sanciones masivas, se presenta la oportunidad de transformar el registro en un proceso continuo. Implementar la identificación de líneas al momento de contratar un servicio, adquirir una tarjeta SIM, realizar una portabilidad o recarga podría facilitar la actualización de datos sin impactos drásticos en la vida cotidiana de los usuarios.
Las políticas públicas son más efectivas cuando generan confianza en lugar de imponer medidas coercitivas. Si bien el objetivo de garantizar la seguridad pública es esencial, es imperativo que este no se logre a expensas de aumentar la exclusión digital ni de limitar el ejercicio de derechos que dependen de la conectividad móvil. La situación actual no solo afecta a un número creciente de usuarios, sino que también impacta la economía digital del país en su totalidad, limitando oportunidades para el crecimiento y el desarrollo ciudadano.
Sería prudente que la autoridad considere las implicaciones de sus decisiones y busque un enfoque que equilibre efectivamente la seguridad y la accesibilidad a servicios digitales esenciales en el futuro.
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